Crece el rechazo federal a la última paritaria: delegados regionales de todo el país denuncian décadas de abandono y respaldan el proyecto nacional de SUTCA
El rechazo a la última paritaria de la seguridad privada dejó de ser un reclamo aislado para convertirse en una expresión federal. Desde el norte argentino hasta la Patagonia, pasando por Cuyo, el Litoral y la provincia de Buenos Aires, los delegados regionales de SUTCA hicieron llegar su voz para describir la realidad que, según sostienen, atraviesan miles de trabajadores de la actividad: precarización laboral, incumplimiento del convenio colectivo, deterioro salarial y una histórica falta de representación gremial.
Para la conducción nacional de SUTCA, la mirada federal resulta indispensable, ya que las provincias del interior fueron durante décadas las más relegadas. Los referentes regionales coinciden en que el crecimiento del sindicato responde al vacío que, según afirman, dejó la organización firmante del convenio colectivo, cuya ausencia en gran parte del país permitió el avance del trabajo informal, el incumplimiento de los derechos laborales y la pérdida de representación gremial.
En el NOA, el delegado regional de Salta, David Galarza, junto a la delegada regional Susana Deo, aseguraron que la provincia vive una de las situaciones más preocupantes del país. Sostuvieron que desde hace décadas no existe una presencia gremial efectiva, permitiendo el crecimiento del trabajo informal, empresas irregulares y el incumplimiento sistemático del convenio colectivo. Según indicaron, numerosos trabajadores realizan entre 230 y 250 horas mensuales para percibir salarios que oscilan entre $800.000 y $1.100.000, mientras que las prestaciones de la OSPSIP (Obra Social del Personal de Seguridad Comercial, Industrial e Investigaciones Privadas) prácticamente desaparecieron en distintos puntos de la provincia. Ambos coincidieron en que resulta indispensable fortalecer una representación gremial con presencia permanente para revertir años de abandono y garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos laborales.
Una postura similar expresó el delegado regional de Jujuy, Antonio Doguino, quien afirmó que la provincia fue abandonada hace años y que los trabajadores quedaron librados a la voluntad de los empresarios. Denunció la falta de prestaciones médicas de la OSPSIP, el incumplimiento del convenio colectivo y jornadas que alcanzan entre 230 y 270 horas mensuales, con salarios que continúan perdiendo poder adquisitivo.
Desde Tucumán, el delegado regional Sebastián Carrión sostuvo que el norte argentino atraviesa una de las peores crisis de la actividad. Según explicó, tanto Tucumán como Santiago del Estero padecen una histórica ausencia de representación gremial, mientras los trabajadores soportan extensas jornadas laborales y salarios que continúan deteriorándose. También cuestionó el funcionamiento de la OSPSIP y afirmó que la región necesita una conducción con verdadera presencia territorial. Además, señaló que el sindicato provincial mantiene, según su visión, un funcionamiento similar al de UPSRA, priorizando mecanismos como el aporte solidario sin lograr mejoras reales en los salarios ni en el cumplimiento efectivo del convenio colectivo.
En la región de Cuyo, el delegado regional de Mendoza, Emanuel Romano, sostuvo que la provincia sufrió una profunda precarización durante la última década. Indicó que el crecimiento de SUTCA responde al abandono que sienten los trabajadores y remarcó que, especialmente en el interior provincial, continúan registrándose incumplimientos del convenio colectivo, falta de cobertura médica y salarios insuficientes.
La delegada regional de San Juan, Liliana Sánchez, coincidió en que la realidad provincial refleja un escenario de escasa representación gremial y falta de controles sobre las empresas de seguridad privada. Señaló que los recientes conflictos laborales evidenciaron la ausencia de respuestas para los trabajadores y reclamó mayor presencia sindical en todo el territorio.
En el interior bonaerense, el delegado regional de Mar del Plata y la Costa Atlántica, Hugo Rojas, advirtió sobre el crecimiento de cooperativas y empresas que, según denunció, continúan precarizando las condiciones laborales. También sostuvo que persisten irregularidades en la liquidación de salarios, horas extras, feriados y adicionales convencionales.
Por su parte, el delegado regional de Zárate-Campana, Carlos Gambino, afirmó que resulta inadmisible que una de las zonas industriales más importantes del país continúe registrando incumplimientos laborales sin una representación gremial activa. Recordó las recientes medidas de fuerza impulsadas por SUTCA en defensa de los puestos de trabajo y cuestionó el nuevo aporte compulsivo previsto en la última paritaria.
En el sur de la provincia de Buenos Aires, el delegado regional de Tres Arroyos y Carmen de Patagones, Alberto Alegre, sostuvo que la presencia del sindicato firmante del convenio «fue históricamente inexistente». Según expresó, los trabajadores padecen salarios por debajo de la línea de pobreza, escasas prestaciones médicas y un creciente avance de la informalidad. Además, advirtió sobre la habilitación de empresas que, según afirmó, no cumplirían con distintos requisitos regulatorios.
Desde San Nicolás en el norte de la provincia de Buenos Aires, el delegado regional Ángel Andino describió un escenario marcado por el cierre de empresas y la reducción de personal. Señaló que los trabajadores no encontraron acompañamiento gremial en conflictos recientes y recordó las intervenciones de SUTCA en establecimientos como Motomel y otras plantas industriales para preservar las fuentes laborales. Asimismo, cuestionó el nuevo aporte compulsivo al considerar que representa una carga económica adicional para quienes ya atraviesan una situación compleja.
También comenzaron a consolidarse nuevas expresiones sindicales en la Patagonia, donde referentes de Bariloche, Neuquén y Tierra del Fuego manifestaron que la región enfrenta reducción de servicios, disminución de guardias y escasa representación gremial. Según indicaron, la realidad patagónica requiere una conducción con autonomía regional y mayor presencia territorial.
Desde el Litoral, referentes que impulsan la incorporación de Misiones al proyecto federal de SUTCA señalaron que durante años la provincia careció de una representación efectiva y sostuvieron que la conducción de las problemáticas regionales debe quedar en manos de dirigentes locales que conozcan la realidad política, social y laboral de la zona.
Una situación similar describieron los compañeros de San Luis, quienes afirmaron que la provincia necesita una conducción con mayor presencia en los lugares de trabajo y una representación que priorice la defensa de los trabajadores por encima de cualquier interés institucional.
A estas voces también se sumaron los delegados regionales de Zona Norte, Zona Oeste y Zona Sur del conurbano bonaerense, quienes coincidieron en advertir un crecimiento sostenido de las cooperativas, del trabajo informal y de empresas que, según denunciaron, incumplen obligaciones previsionales y convencionales. Además, manifestaron que numerosos trabajadores expresan dificultades para acceder a prestaciones médicas y reclaman una representación sindical más cercana y activa.
En un pronunciamiento conjunto, los delegados regionales de SUTCA afirmaron que la realidad descripta en cada provincia demuestra que la última paritaria no hizo más que profundizar una crisis que el interior del país arrastra desde hace décadas. Sostuvieron que la ausencia de representación gremial efectiva de UPSRA permitió el incumplimiento sistemático del Convenio Colectivo de Trabajo, la pérdida del poder adquisitivo, el crecimiento del trabajo informal y la falta de controles sobre numerosas empresas de seguridad privada.
Según expresaron, en gran parte del NOA, NEA, Cuyo, la Patagonia y el interior bonaerense los trabajadores cumplen habitualmente jornadas de entre 230 y 270 horas mensuales para percibir ingresos que, de acuerdo con la provincia, la empresa y las condiciones de contratación denunciadas por los delegados, pueden oscilar aproximadamente entre $180.000 y $900.000, representando en numerosos casos apenas entre el 50% y el 80% del salario convencional que debería percibirse. Afirmaron que estas diferencias salariales reflejan la falta de controles y el incumplimiento generalizado del convenio colectivo en distintas regiones del país.
Los referentes federales también denunciaron que la ausencia de controles por parte de los organismos provinciales competentes favoreció una competencia desleal entre empresas de seguridad privada. Según manifestaron, muchas firmas reducen costos incumpliendo obligaciones laborales, previsionales y convencionales, perjudicando tanto a los trabajadores como a las empresas que sí cumplen con la normativa vigente. A ello sumaron la escasa fiscalización de numerosos organismos reguladores provinciales, situación que —según sostienen— permitió durante años la expansión del empleo informal y el deterioro de las condiciones laborales en toda la actividad.
Asimismo, cuestionaron duramente el funcionamiento de la OSPSIP, señalando que, pese a los aportes que mensualmente se descuentan a los trabajadores, en numerosas provincias del interior las prestaciones médicas resultan insuficientes o directamente inexistentes, obligando a muchos afiliados a afrontar por su cuenta consultas, estudios y tratamientos médicos.
Los delegados también coincidieron en que el problema de los viáticos lleva años sin resolverse y advirtieron que la última paritaria, lejos de corregir esa situación, terminó consolidando un esquema que, según sostienen, profundiza aún más la precarización laboral en todas las provincias. En ese contexto, afirmaron que el interior del país no se siente representado por quienes firmaron el último acuerdo salarial y calificaron como «vergonzoso» que se hayan incorporado cláusulas que, a su entender, afectan directamente el bolsillo de los trabajadores.
Como conclusión, los delegados regionales coincidieron en que el rechazo a la última paritaria no responde únicamente al porcentaje acordado, sino a un profundo malestar acumulado durante años en gran parte del país. En ese marco, reafirmaron su respaldo al proyecto federal encabezado por SUTCA y anticiparon que continuarán impulsando las acciones gremiales, administrativas y judiciales que consideren necesarias para cuestionar el nuevo acuerdo paritario, exigir el cumplimiento integral del convenio colectivo y consolidar una representación sindical verdaderamente federal, con presencia permanente en cada provincia.
«Estamos convencidos de que la seguridad privada necesita un sindicalismo verdaderamente federal, con dirigentes presentes en cada provincia, autonomía para defender a los trabajadores y una organización que recorra los servicios todos los días. La única lucha que se pierde es la que se abandona», concluyeron los referentes regionales.
