LA OPOSICIÓN A ÁNGEL GARCÍA REDOBLA SUS CRÍTICAS A LA PARITARIA: “DESPUÉS DE 50 AÑOS, LA SEGURIDAD PRIVADA NECESITA UN RECAMBIO PROFUNDO”
La Agrupación Nacional 9 de Julio cuestionó el aporte extraordinario del 2%, la modificación de los viáticos y la representatividad de la actual conducción. Recordó las impugnaciones realizadas durante el último proceso electoral, sus presentaciones por el patrimonio sindical y los Procedimientos Preventivos de Crisis, y denunció el abandono que atraviesan miles de vigiladores en el interior del país.
La Agrupación Nacional 9 de Julio – Agrupación Opositora a Ángel García, encabezada por el dirigente nacional Christian López, redobló sus cuestionamientos contra la última negociación paritaria de la seguridad privada y aseguró que el nuevo esquema salarial representa “un nuevo golpe al bolsillo de los trabajadores”
Desde el espacio opositor pusieron particularmente el foco en el aporte extraordinario del 2% establecido en el acuerdo y en las modificaciones vinculadas al concepto de viáticos, dos puntos que consideran perjudiciales para miles de trabajadores.
“Después de años de pérdida del poder adquisitivo, los vigiladores esperaban una verdadera recomposición salarial. Sin embargo, reciben un aumento acompañado de mecanismos que terminan absorbiendo una parte de esa mejora. No podemos aceptar que nuevamente sea el trabajador quien termine financiando las decisiones de una estructura sindical”, señalaron.
Para la Agrupación Nacional 9 de Julio, la última paritaria no representa un hecho aislado, sino la continuidad de un modelo sindical que viene siendo cuestionado desde hace años.
2.800 votos y una representatividad cada vez más cuestionada
La agrupación volvió a poner bajo la lupa el último proceso electoral y recordó que, según los datos manejados por el espacio opositor, de un padrón cercano a los 9.000 trabajadores, aproximadamente 2.800 respaldaron electoralmente a Ángel García.
Para la oposición, ese resultado demuestra una fuerte debilidad representativa a la hora de adoptar decisiones económicas que posteriormente alcanzan a un universo muchísimo mayor de trabajadores de la seguridad privada.
“Una conducción que obtuvo aproximadamente 2.800 votos sobre un padrón cercano a los 9.000 trabajadores no puede interpretar ese resultado como un cheque en blanco para decidir sobre el bolsillo de toda una actividad. Mucho menos para imponer un aporte de semejante magnitud sin consultar a las bases”, expresaron.
Desde la agrupación consideran que la situación es todavía más grave teniendo en cuenta que el proceso electoral fue objeto de diferentes impugnaciones administrativas y judiciales.
Las impugnaciones que marcaron el proceso electoral
La Agrupación Nacional 9 de Julio recordó que durante las elecciones denunció presuntas irregularidades vinculadas con la conformación y utilización de los padrones, modificaciones estatutarias y diferentes etapas del proceso electoral.
Entre los cuestionamientos realizados, el espacio opositor planteó la participación de jubilados que, según su interpretación de las normas estatutarias y electorales, no se encontraban habilitados para participar de determinadas instancias o integrar listas.
También denunció irregularidades en distintas asambleas y sostuvo que participaron personas vinculadas a movimientos sociales y otros sectores ajenos a los trabajadores de la seguridad privada.
Según informó la agrupación, estas situaciones fueron oportunamente impugnadas ante la autoridad laboral y algunas de las controversias continúan siendo discutidas en sede administrativa y judicial.
“Nosotros advertimos durante las elecciones que el problema era mucho más profundo que una lista electoral. Impugnamos padrones, decisiones estatutarias, asambleas y diferentes etapas del proceso porque entendíamos que no existían las garantías democráticas necesarias para que los trabajadores pudieran expresarse plenamente”, manifestaron.
Patrimonio sindical y Procedimientos Preventivos de Crisis
Las diferencias entre la Agrupación Nacional 9 de Julio y la conducción de Ángel García tampoco terminaron con las elecciones.
El espacio opositor recordó que realizó presentaciones cuestionando operaciones vinculadas con el patrimonio inmobiliario de la organización sindical, al considerar que cualquier decisión de esa naturaleza debe contar con absoluta transparencia y garantizar la protección de los bienes pertenecientes a los trabajadores.
“Cuando advertimos que existían movimientos para avanzar sobre propiedades del sindicato nos dijeron que no era verdad. Nosotros realizamos las impugnaciones correspondientes porque consideramos que el patrimonio sindical pertenece a los trabajadores y debe ser protegido”, señalaron.
La agrupación también recordó sus cuestionamientos ante la autoridad laboral respecto de los Procedimientos Preventivos de Crisis (PPC) que alcanzaron a numerosas empresas de seguridad privada durante los últimos años.
Para la oposición, estos mecanismos contribuyeron a consolidar un modelo donde parte de las dificultades económicas empresarias terminaron siendo trasladadas hacia los salarios y las condiciones laborales de los vigiladores.
“Durante años vimos cómo los trabajadores fueron quienes terminaron haciendo el esfuerzo. Se flexibilizaron condiciones, se deterioró el salario y se multiplicaron los incumplimientos. Nosotros cuestionamos ese modelo antes, durante y después de las elecciones”, afirmaron.
El interior del país, sumido en el abandono
Uno de los cuestionamientos más fuertes de la Agrupación Nacional 9 de Julio está dirigido hacia la situación que atraviesan los trabajadores de seguridad privada en numerosas provincias.
Según los relevamientos y denuncias recibidas por el espacio, existen regiones del país donde los salarios básicos ni siquiera alcanzan los $800.000 mensuales, mientras numerosos trabajadores deben realizar jornadas y diagramas que pueden llevarlos hasta alrededor de 250 horas mensuales para alcanzar determinados niveles de ingreso.
“El interior está sumido en un abandono absoluto. Hay provincias donde compañeros trabajan una enorme cantidad de horas y aun así perciben salarios completamente alejados del costo de vida. Durante décadas se permitió que existiera una seguridad privada de primera y otra de segunda dependiendo del lugar del país donde le toque trabajar al vigilador”, cuestionaron.
Para la agrupación, esta situación no responde únicamente a los incumplimientos empresariales, sino también a décadas de ausencia de una representación sindical verdaderamente federal.
A los problemas salariales se suman, según denuncian, dificultades para acceder a prestaciones médicas de la obra social en distintas provincias.
“¿De qué representación nacional podemos hablar cuando existen provincias enteras donde durante años prácticamente no hubo presencia gremial, donde el convenio colectivo se incumple sistemáticamente y donde además existen trabajadores que tienen enormes dificultades para acceder a prestaciones médicas?”, plantearon.
“Hace 50 años que discutimos los mismos derechos”
Para la Agrupación Nacional 9 de Julio, la situación del interior refleja un problema mucho más profundo.
“Pasaron prácticamente 50 años y seguimos discutiendo exactamente los mismos problemas: incumplimiento del convenio colectivo, horas extras al 50% y al 100%, feriados, aguinaldos, vacaciones, categorías incorrectas, viáticos, trabajadores precarizados y empresas que compiten deslealmente incumpliendo las normas”, expresaron.
Desde el espacio opositor cuestionaron duramente el modelo sindical que históricamente predominó en la actividad y sostuvieron que la falta de controles permitió que numerosos derechos establecidos convencionalmente quedaran, en la práctica, sin cumplimiento efectivo.
“Durante décadas tuvimos una conducción demasiado cercana a los intereses empresarios y demasiado alejada de los trabajadores. El resultado está a la vista: tenemos una actividad enorme y seguimos peleando para que se respeten derechos elementales que deberían estar garantizados desde hace décadas”, afirmaron.
La obra social, otro eje de la crisis
La situación de la obra social también forma parte de los cuestionamientos de la oposición.
Desde la Agrupación Nacional 9 de Julio sostienen que existen graves problemas de prestaciones y una delicada situación económica que debería ser explicada con absoluta transparencia a los trabajadores.
En ese contexto, rechazaron que la solución pase por establecer nuevas cargas sobre los salarios.
“No vamos a aceptar que una eventual mala administración acumulada durante décadas termine siendo financiada con el bolsillo del vigilador. Antes de pedirle un peso más al trabajador hay que explicar qué se hizo con los recursos, cuál es la situación económica y patrimonial de las instituciones y por qué tantos compañeros siguen denunciando dificultades para acceder a prestaciones”, señalaron.
Para la agrupación, el aporte extraordinario del 2% profundiza esas sospechas y genera todavía más desconfianza entre las bases.
“La confianza no se pierde de un día para otro. Se pierde cuando durante años el trabajador no encuentra respuestas; cuando no tiene representación en su provincia; cuando trabaja jornadas interminables; cuando no se cumple el convenio; cuando necesita una prestación médica y encuentra dificultades; y finalmente cuando espera una recomposición salarial y descubre que también pretenden aplicarle un aporte sobre su salario”, manifestaron.
El 2% y los viáticos volvieron a encender el conflicto
La incorporación del aporte extraordinario del 2% terminó de profundizar el enfrentamiento entre la oposición y la conducción.
La Agrupación Nacional 9 de Julio considera que el mecanismo contradice el sentido mismo de una recomposición salarial y adelantó que continuará evaluando y promoviendo las herramientas administrativas y judiciales que considere correspondientes para cuestionarlo.
También expresó su rechazo a las modificaciones vinculadas con los viáticos, al considerar que su aplicación puede traducirse en una disminución de ingresos para numerosos trabajadores dependiendo de las jornadas efectivamente realizadas.
“Una paritaria debería poner plata en el bolsillo del trabajador, no crear mecanismos para volver a quitársela. Si después de negociar un aumento terminamos discutiendo cuánto pierde el vigilador por aportes o por viáticos, evidentemente algo está profundamente mal”, señalaron.
Para la oposición, estas decisiones vuelven a demostrar cuáles son las prioridades del actual modelo sindical.
“Mientras miles de trabajadores del interior siguen reclamando salarios dignos, cumplimiento del convenio, prestaciones médicas y presencia gremial, se toman decisiones que nuevamente afectan sus ingresos. Se le quita al trabajador mientras, a nuestro entender, se generan condiciones que terminan favoreciendo la rentabilidad empresaria.”
“No puede existir una seguridad privada de primera y otra de segunda”
La Agrupación Nacional 9 de Julio sostiene que cualquier transformación futura de la actividad deberá necesariamente tener un carácter nacional y federal.
“No existe una verdadera transformación si solamente miramos la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Hay que recorrer Salta, Jujuy, Tucumán, Mendoza, San Juan, el Litoral, la Patagonia y cada rincón del país. Hay miles de vigiladores que durante décadas sintieron que nadie los representaba.”
El proyecto opositor plantea combatir la competencia desleal, avanzar contra las cooperativas utilizadas como mecanismos de precarización laboral, garantizar el cumplimiento efectivo del convenio colectivo en todo el territorio nacional, exigir la correcta categorización del personal, fortalecer la capacitación profesional y jerarquizar definitivamente al trabajador de seguridad privada.
“La verdadera discusión no pasa solamente por un porcentaje de aumento. Mientras otros países profesionalizan y jerarquizan la seguridad privada, en Argentina seguimos discutiendo derechos básicos que hace décadas deberían estar garantizados”, remarcaron.
Una renovación generacional, técnica y federal
La Agrupación Nacional 9 de Julio considera que la crisis actual excede una paritaria e incluso los nombres propios y plantea directamente la necesidad de terminar con un modelo de conducción que considera agotado.
“La seguridad privada necesita terminar con estructuras enquistadas durante décadas y construir una conducción moderna, democrática, federal y profesional, con cuadros gremiales, técnicos y administrativos preparados para los desafíos actuales.”
Desde el espacio opositor fueron todavía más críticos con la permanencia durante décadas de los mismos dirigentes y reclamaron una renovación generacional de las estructuras sindicales.
“Es tiempo de terminar con conducciones eternizadas y estructuras familiares donde la renovación nunca llega. Los sindicatos no pueden convertirse en un patrimonio personal ni familiar de nadie. Pertenecen a los trabajadores y tienen que estar administrados para defender a los trabajadores”, expresaron.
Para la agrupación, la falta de renovación también impidió incorporar nuevos cuadros profesionales, técnicos y gremiales capaces de abordar los cambios que atravesó la seguridad privada durante las últimas décadas.
“El recambio en la seguridad privada va a llegar”
Finalmente, la Agrupación Nacional 9 de Julio ratificó que continuará llevando sus cuestionamientos ante los organismos administrativos y judiciales correspondientes y profundizará su presencia gremial en los lugares de trabajo y en las provincias.
“Lo dijimos durante las elecciones y hoy lo volvemos a sostener: la seguridad privada necesita un recambio profundo. No queremos sindicatos convertidos en negocios familiares ni estructuras donde todos encuentren un beneficio menos el trabajador.”
Desde la agrupación adelantaron que los próximos meses estarán marcados por nuevas acciones gremiales, administrativas y judiciales y que acompañarán aquellas medidas que consideren necesarias para defender el salario y las condiciones laborales.
“Los tiempos que vienen serán de organización, lucha y construcción. Vamos a utilizar todas las herramientas gremiales, administrativas y judiciales que correspondan. Después de 50 años discutiendo los mismos problemas, llegó el momento de construir una representación moderna, federal, técnica y verdaderamente comprometida con quienes todos los días se ponen el uniforme.”
Y concluyeron:
“Hay que recuperar la confianza de los trabajadores y esa confianza no se consigue con discursos. Se consigue estando en cada objetivo, haciendo cumplir el convenio, defendiendo el salario, garantizando representación en cada provincia y construyendo instituciones que funcionen. La seguridad privada argentina necesita recuperar dignidad, profesionalismo y representación. El recambio es inevitable y vamos a trabajar hasta conseguirlo.”
