SEGURIDAD PRIVADA BONAERENSE: DETRÁS DEL CONFLICTO DE ATE, UNA DISPUTA POR EL PODER, LAS HABILITACIONES Y EL CONTROL DE UNA CAJA MILLONARIA

Mientras distintos medios advierten que 60.000 vigiladores podrían perder sus empleos, el conflicto en la Dirección Provincial de Seguridad Privada expone una disputa mucho más profunda: la modernización de las habilitaciones, el control de los registros, la influencia de los sindicatos, los intereses empresariales y los negocios vinculados a la seguridad y la actividad nocturna. El antecedente judicial de CODECOP, Carlos Zeballos y Roberto Amarilla demuestra que las presuntas irregularidades en el sector no son un problema nuevo.

La seguridad privada de la provincia de Buenos Aires volvió a quedar en el centro de una controversia política, sindical y empresarial que amenaza con afectar el funcionamiento de uno de los organismos más sensibles del Ministerio de Seguridad bonaerense.

Durante los últimos días, diferentes medios periodísticos advirtieron sobre una supuesta paralización de la Dirección Provincial para la Gestión de la Seguridad Privada, producto de un conflicto entre trabajadores nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y las autoridades provinciales.

Las publicaciones hablan de más de 60.000 vigiladores potencialmente afectados por las demoras en las habilitaciones, renovaciones de credenciales y certificaciones necesarias para desarrollar legalmente la actividad.

Sin embargo, el conflicto abre interrogantes que prácticamente no aparecen en las noticias difundidas.

¿Se trata solamente de una disputa laboral o también existe una puja política por el control de un organismo que administra habilitaciones, fiscalizaciones, registros y una importante recaudación económica?

LA MODERNIZACIÓN QUE PODRÍA CAMBIAR EL EQUILIBRIO DE PODER

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta con herramientas digitales que permiten consultar públicamente registros de empresas y vigiladores habilitados, mientras que la provincia de Buenos Aires todavía atraviesa un proceso de modernización administrativa.

Un dato resulta particularmente significativo: desde julio de 2026, la Dirección Provincial implementó una modalidad transitoria que exige presentar documentación tanto en papel como en formato PDF, mediante dispositivos de almacenamiento.

Es decir, en tiempos de digitalización, inteligencia artificial y sistemas de auditoría en línea, buena parte del procedimiento bonaerense todavía depende de trámites que requieren intervención presencial.

Las nuevas autoridades provinciales vienen impulsando cambios destinados a modernizar el sistema de registración, fortalecer la trazabilidad de los expedientes y mejorar los mecanismos de control.

Pero una transformación de semejante magnitud también puede alterar estructuras administrativas consolidadas durante años, reducir intermediaciones y modificar espacios de influencia.

La discusión de fondo no debería limitarse a quién emite una credencial, sino a quién controla la información, quién interviene en las habilitaciones, qué grado de transparencia existe y quiénes podrían perder influencia con la digitalización de los procedimientos.

ATE, ADRIANA POLICANO Y LA INTERNA ADMINISTRATIVA

En el centro de las versiones sobre el conflicto aparece Adriana Policano, identificada por fuentes del sector como una referente de ATE vinculada históricamente al ámbito administrativo de agencias de seguridad privada en La Plata.

Su nombre también figura en documentación administrativa provincial de años anteriores, aunque resta establecer públicamente cuál es su responsabilidad sindical actual y qué participación concreta tiene en las medidas denunciadas.

Del otro lado se encuentra la conducción administrativa que viene impulsando cambios en el funcionamiento del organismo.

La Dirección Provincial está encabezada por Fernando Javier Díaz Sevigne, designado formalmente en noviembre de 2024, bajo la órbita del subsecretario de Gestión de Registros y Seguridad Privada, Santiago Boggione.

La estructura depende del Ministerio de Seguridad bonaerense, conducido por Javier Alonso, e incluye las áreas de Habilitaciones, Fiscalización y Modernización y Planificación.

Lo que todavía no ha sido esclarecido públicamente es cuáles son los reclamos concretos de los trabajadores estatales, qué negociación se desarrolla con las autoridades y si existen desacuerdos adicionales relacionados con los cambios administrativos.

La pregunta que empieza a instalarse es si la modernización de la Dirección Provincial puede avanzar sin quedar atrapada en disputas internas por funciones, estructuras e influencia institucional.

UNA CAJA MILLONARIA Y UN SISTEMA QUE REQUIERE TRANSPARENCIA

El aspecto económico representa otro capítulo fundamental.

Según las tasas oficiales publicadas por el Ministerio de Seguridad bonaerense para marzo de 2026, habilitar una empresa de seguridad privada tiene un costo superior a los ocho millones de pesos.

A ello se agregan aproximadamente 30.000 pesos por cada alta de vigilador, más de 40.000 por la emisión o renovación de credenciales y otros aranceles vinculados a objetivos, vehículos, capacitaciones y medios técnicos.

Son tasas oficiales cuya percepción se encuentra regulada administrativamente. Pero la dimensión económica de estos trámites obliga a preguntarse cuánto recauda efectivamente el organismo, cómo se administran esos fondos y qué controles existen sobre su utilización.

Tampoco puede ignorarse el papel que históricamente han tenido distintos intermediarios y gestores en las tramitaciones de la actividad.

La digitalización integral, con registros auditables y procedimientos transparentes, podría modificar de manera sustancial ese funcionamiento.

¿Existen sectores que se resisten a perder influencia sobre los circuitos administrativos? ¿Hay intereses económicos detrás de las disputas por la conducción del organismo?

Hasta el momento no se han presentado pruebas públicas que permitan afirmar que la protesta actual responde al control de fondos irregulares. Pero la magnitud económica de la actividad justifica investigar estas hipótesis y exigir información oficial.

EL ANTECEDENTE CODECOP: CARLOS ZEBALLOS Y ROBERTO AMARILLA

La preocupación por los vínculos entre funcionarios, empresarios y organismos de fiscalización no es nueva.

Durante 2018, en plena gestión de María Eugenia Vidal, una investigación judicial por presuntas extorsiones a empresas de seguridad privada alcanzó al empresario Carlos Daniel Zeballos, vinculado a CODECOP, y al exfuncionario y exconcejal de Ezeiza Roberto Amarilla.

Según las investigaciones periodísticas de aquella época, se los acusó de exigir pagos periódicos a empresarios de seguridad para permitirles desarrollar su actividad sin inconvenientes.

Amarilla había ocupado funciones en el área de control de agencias de seguridad privada durante la gestión de Daniel Scioli, cuando Alejandro Granados era ministro de Seguridad.

Amarilla fue detenido en diciembre de 2018 y Zeballos en agosto de 2019, en el marco de aquella causa. La existencia de la investigación y las detenciones no implica, por sí misma, una condena firme.

El antecedente resulta significativo porque expuso la gravedad que pueden alcanzar las presuntas relaciones irregulares entre empresas y personas que ejercieron funciones públicas vinculadas al control de la actividad.

Aquellos hechos no prueban que exista un mecanismo equivalente en la actualidad, pero demuestran por qué el sistema de habilitaciones requiere auditorías, trazabilidad y controles independientes.

El antecedente CODECOP dejó una advertencia que sigue vigente: cuando el poder de habilitar y fiscalizar empresas se concentra en estructuras poco transparentes, los riesgos institucionales pueden alcanzar dimensiones judiciales y económicas considerables.

UPSRA, SU CENTRO DE FORMACIÓN Y LOS INTERESES DE LAS CÁMARAS EMPRESARIALES

Otro actor mencionado en las publicaciones recientes es la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA), organización que, según diferentes medios, habría intentado intervenir para destrabar el conflicto administrativo.

Hasta el momento, no se conocen públicamente los detalles de esas gestiones ni sus resultados concretos.

Sin embargo, UPSRA tiene vínculos institucionales históricos con el sistema de capacitación de la actividad.

Un ejemplo es el Centro de Formación Laboral N.º 418 de La Plata, creado mediante un convenio entre la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, UPSRA y el Ministerio de Seguridad provincial.

El establecimiento desarrolla formación para vigiladores privados, vinculada a los requisitos de capacitación establecidos por la Ley Provincial 12.297.

Su existencia muestra que el sistema de formación no es ajeno a las relaciones históricas entre organismos estatales y organizaciones sindicales.

Por otro lado, cámaras empresariales como CAESBA, CASEL, CERSAT y CEMARA participaron de reuniones con las autoridades provinciales para discutir reformas administrativas y mecanismos de registración.

La participación de estos sectores en espacios institucionales es legítima. Lo que corresponde garantizar es que ninguna organización empresarial o sindical tenga capacidad de condicionar indebidamente las habilitaciones, fiscalizaciones o decisiones de la autoridad pública.

La modernización no debería convertirse en una disputa para reemplazar viejas influencias por nuevas estructuras de poder, sino en una transformación real de los mecanismos de control.

EL NEGOCIO DE LA NOCHE, EL RECAP Y LOS ANTECEDENTES DE LAS BARRABRAVAS

Existe además otra dimensión de la seguridad privada bonaerense que suele quedar fuera de las discusiones administrativas: el control de admisión y permanencia en boliches, recitales y espectáculos.

El Registro de Controladores de Admisión y Permanencia (RECAP) integra la estructura provincial y regula un ámbito diferente del de los vigiladores tradicionales, con su propio encuadramiento normativo.

En materia de capacitación específica para controladores, el Centro de Formación Profesional N.º 420 mantiene una vinculación institucional con SUTCAPRA.

En este sector también existen antecedentes de enfrentamientos por representación sindical, aplicación de convenios colectivos y contratación de personal.

Durante octubre de 2026, SUTCAPRA y UPSRA volvieron a protagonizar controversias públicas relacionadas con servicios de seguridad y control de admisión en espectáculos desarrollados en La Plata.

Además, investigaciones periodísticas anteriores abordaron la presencia de referentes vinculados a barrabravas en disputas por contratos de seguridad de espectáculos masivos.

No existen elementos públicos suficientes para vincular a esos actores con la protesta actual de ATE. Sin embargo, los antecedentes permiten comprender que la regulación de la actividad nocturna involucra intereses económicos, gremiales y empresariales que también requieren controles rigurosos.

La coexistencia de distintos registros y actividades dentro de la estructura del Ministerio obliga a garantizar que cada habilitación, curso, empresa y trabajador se encuentre sometido a las exigencias legales correspondientes.

60.000 VIGILADORES EN RIESGO: ¿CRISIS REAL O UNA CIFRA UTILIZADA PARA PRESIONAR?

Mientras crece la disputa, los titulares periodísticos advierten que aproximadamente 60.000 vigiladores podrían quedarse sin trabajo.

La cifra merece un análisis cuidadoso.

No se ha difundido documentación oficial que permita determinar cuántos trabajadores tienen actualmente sus credenciales pendientes, cuántas empresas quedaron imposibilitadas de operar o cuántos vigiladores fueron efectivamente suspendidos por esta situación.

Tampoco se conoce un relevamiento público actualizado que permita establecer la cantidad exacta de empresas operativas, trabajadores habilitados y servicios fiscalizados en toda la provincia.

En ese contexto, afirmar que 60.000 personas se encuentran ante una pérdida inmediata de empleo resulta una advertencia que todavía requiere respaldo documental.

Más preocupante es que el debate parezca concentrarse exclusivamente en la emisión de habilitaciones y no en la capacidad real de fiscalización de la actividad.

¿Cuántos inspectores tiene la Provincia? ¿Cuántos móviles están destinados específicamente al control de agencias? ¿Cuántas empresas fueron inspeccionadas y sancionadas durante 2026? ¿Cuántos trabajadores prestan servicios sin estar debidamente registrados?

Son preguntas que el Ministerio de Seguridad debería responder públicamente.

UNA INTERNA QUE PODRÍA EXPONER EL FUNCIONAMIENTO DE TODO EL SISTEMA

A medida que se aproxima el escenario electoral de 2027, las tensiones entre estructuras políticas, sindicatos y sectores empresariales adquieren una relevancia adicional.

Pero ninguna especulación electoral debería reemplazar el análisis de los hechos ni el respeto por los reclamos legítimos de los trabajadores estatales.

La controversia actual plantea tres discusiones que deberían abordarse por separado: las condiciones laborales de los empleados de ATE, la continuidad administrativa de las habilitaciones y la transformación del sistema de fiscalización de la seguridad privada.

Las autoridades provinciales tienen la responsabilidad de garantizar los servicios administrativos, responder a los reclamos laborales y avanzar en mecanismos de transparencia.

Los sindicatos y las cámaras empresarias, por su parte, deben poder participar institucionalmente sin sustituir las decisiones que corresponden a los organismos públicos.

Porque el interrogante de fondo no es únicamente quién controla hoy la Dirección Provincial, sino qué intereses se ven afectados cuando se intenta modificar un sistema que durante décadas funcionó con fuertes componentes burocráticos y escasa información pública sobre su fiscalización efectiva.

La provincia de Buenos Aires necesita un sistema moderno, digital, auditable y capaz de controlar tanto a las grandes multinacionales como a las pequeñas empresas que operan en su territorio.

El antecedente de CODECOP, las disputas históricas por la representación sindical y los conflictos relacionados con la actividad nocturna demuestran que la transparencia institucional no puede ser una cuestión secundaria.

La verdadera investigación recién comienza: determinar si detrás de la crisis administrativa existe únicamente una controversia laboral o si también se está desarrollando una disputa por la influencia política, el control de los registros y los intereses económicos que rodean a la seguridad privada bonaerense.

Porque modernizar un organismo no consiste solamente en digitalizar expedientes.

También significa garantizar que nadie pueda convertir el poder de habilitar, controlar o fiscalizar empresas en una herramienta de presión o beneficio particular.