EL NEGOCIO MILLONARIO, LAS EMPRESAS BAJO SOSPECHA Y EL SILENCIO DEL PODER SINDICAL
Salarios impagos, despidos masivos, denuncias por incumplimientos previsionales, procedimientos preventivos de crisis cuestionados, investigaciones judiciales y trabajadores que aseguran haber quedado desprotegidos. De Buenos Aires a la Patagonia, los conflictos se multiplican mientras crecen los interrogantes sobre la responsabilidad de las empresas, UPSRA, las cámaras empresariales, los grandes clientes y el Estado. El Sindicato de Custodios (SUTCA) también viene poniendo bajo la lupa las presuntas irregularidades de una industria que mueve importantes contratos comerciales, pero cuyos trabajadores reclaman respuestas.
29 de octubre de 2026
En la Argentina existe una industria que nunca descansa.
Funciona las 24 horas del día, los 365 días del año. Protege bancos, supermercados, hospitales, universidades, aeropuertos, ferrocarriles, puertos, industrias, centros logísticos y organismos públicos. Detrás de cada establecimiento hay contratos comerciales, empresas prestadoras, estructuras administrativas y miles de trabajadores encargados de proteger bienes e instalaciones.
Sin embargo, detrás de los uniformes, las garitas y los sistemas de vigilancia aparece una realidad que rara vez ocupa el centro de la agenda pública. Trabajadores que denuncian salarios impagos. Empresas cuestionadas por incumplimientos laborales. Procedimientos preventivos de crisis bajo sospecha. Aportes previsionales investigados. Despidos masivos. Conflictos por representación sindical. Y una creciente discusión sobre las condiciones en las que se desarrolla la actividad.
¿Qué está sucediendo realmente en la industria de la seguridad privada argentina?
¿Quiénes son los responsables de las condiciones laborales de miles de vigiladores?
¿Qué papel cumplen las empresas que contratan estos servicios?
¿Quién controla los contratos, las declaraciones previsionales y las obligaciones patronales?
Y una pregunta particularmente incómoda:
¿Qué respuestas está ofreciendo el sindicalismo que negocia las condiciones laborales de la actividad frente a la cantidad de denuncias conocidas durante 2026?
Un relevamiento de publicaciones periodísticas, testimonios de trabajadores, denuncias gremiales y actuaciones oficiales permite reconstruir un escenario que merece una investigación de alcance nacional.
LAS EMPRESAS SEÑALADAS: SALARIOS ADEUDADOS, DESPIDOS Y CONFLICTOS QUE SE EXTIENDEN POR EL PAÍS
Uno de los primeros episodios del año ocurrió en San Juan. La empresa Hunter Security perdió la licitación para custodiar el Hospital Guillermo Rawson y alrededor de 130 trabajadores quedaron desvinculados a fines de diciembre de 2025. El conflicto continuó durante 2026. Los afectados denunciaron propuestas de indemnización inferiores a las que consideraban legalmente correspondientes, falta de certezas sobre su continuidad laboral y dificultades para cobrar determinadas obligaciones. Entre los trabajadores había vigiladores con numerosos años de antigüedad. La situación llegó a la Subsecretaría de Trabajo y derivó en actuaciones judiciales.
El conflicto también generó cuestionamientos hacia UPSRA. Algunos trabajadores denunciaron públicamente que no habían recibido la respuesta sindical que esperaban durante las primeras etapas. La discusión sobre las indemnizaciones continuó en la Justicia, donde distintos empleados promovieron reclamos para que se reconocieran sus derechos laborales.
En mayo, otro episodio generó repercusión nacional.
Trabajadores de ALESA Seguridad Integral se encadenaron frente a la sede de la empresa en la Ciudad de Buenos Aires. Según publicó Crónica el 11 de mayo, los vigiladores denunciaban hasta seis meses de salarios adeudados y despidos que consideraban arbitrarios. Las imágenes mostraron una situación extrema: empleados reclamando públicamente el pago de haberes que, según sus testimonios, llevaban meses intentando cobrar.
En Rosario, el conflicto de Visegur sumó otra historia.
Durante agosto, alrededor de 35 familias quedaron involucradas en una controversia por salarios adeudados, despidos y dificultades para conservar la antigüedad laboral ante un posible traspaso de trabajadores a otra compañía. Los vigiladores denunciaron que algunos acumulaban casi tres meses sin cobrar. También cuestionaron deudas correspondientes a aguinaldos y vacaciones.
El caso fue documentado por Cadena 3 Rosario y llegó a instancias judiciales. En Misiones, los trabajadores encargados de custodiar el Mercado Concentrador denunciaron, en junio, condiciones laborales precarias, jornadas extensas, salarios insuficientes y descuentos que consideraban injustificados. El conflicto involucró a trabajadores vinculados con las firmas El Libertador y CQ RUS.
Según los testimonios recogidos por Radio Stop, existían deudas salariales que no se habían solucionado después de los cambios en la prestación del servicio. Algunos trabajadores afirmaron que sus ingresos eran considerablemente inferiores a los establecidos para la actividad.
En Formosa, cuatro empleados de Bruma SAS, que prestaban servicios en la fábrica Unitán, denunciaron en abril despidos cuya legalidad cuestionaron. Uno de los afectados, Rubén Candado, también expresó públicamente su malestar con la delegación local de UPSRA. Según su relato, solicitó asistencia sindical frente a la pérdida de su empleo, pero no recibió el acompañamiento esperado.
Los trabajadores iniciaron acciones legales para reclamar por las condiciones de sus desvinculaciones. Estos casos ocurrieron en diferentes provincias, involucraron a distintas empresas y respondieron a diversas modalidades de contratación.
Sin embargo, presentan problemas que se repiten: deudas salariales, despidos, diferencias en las liquidaciones, conflictos por antigüedad y reclamos sobre la protección de los derechos laborales. La pregunta es si estamos frente a incumplimientos aislados o ante deficiencias estructurales que facilitan su repetición.
LA PATAGONIA TAMPOCO ESCAPA: PROSEGUR, MAXICONSUMO Y NUEVOS CONFLICTOS
La problemática también se extiende hacia el sur argentino. En septiembre, trabajadores de Prosegur que prestaban servicios en un yacimiento de Pampetrol, ubicado en la localidad pampeana de 25 de Mayo, iniciaron una medida de fuerza por las condiciones en las que realizaban sus tareas.
Según informó Diario Textual, los vigiladores denunciaron que debían permanecer durante jornadas de doce horas dentro de vehículos, sin instalaciones sanitarias ni espacios adecuados para alimentarse. El reclamo puso sobre la mesa una cuestión fundamental: las condiciones laborales del personal destinado a instalaciones industriales y yacimientos alejados de los centros urbanos.
En Chubut, durante mayo, se registraron protestas frente a establecimientos de Maxiconsumo, tanto en Trelew como en Comodoro Rivadavia. Los reclamos cuestionaron la modalidad de contratación del personal que realizaba tareas de seguridad y la posibilidad de que se discontinuaran los servicios de vigilancia.
En Trelew, los manifestantes sostuvieron que existían trabajadores realizando tareas de seguridad sin el encuadramiento laboral correspondiente. Maxiconsumo, por su parte, cuestionó esas acusaciones y sostuvo que el personal propio realizaba tareas de control comercial bajo otro convenio laboral.
El conflicto motivó presentaciones y protestas que afectaron el funcionamiento de establecimientos comerciales. En Comodoro Rivadavia, los trabajadores advirtieron que la posible eliminación del servicio de vigilancia podía poner en riesgo distintos puestos de trabajo.
La protesta fue documentada por medios locales durante mayo. En Santa Cruz, durante octubre, Notidiario 24 publicó denuncias por despidos y reducción de personal en Río Gallegos.
Entre los conflictos mencionados apareció una empresa de seguridad privada que prestaba servicios en Carrefour. Según los trabajadores entrevistados, cinco empleados habían sido despedidos.
También expresaron cuestionamientos sobre la respuesta de las organizaciones sindicales. La publicación no identificó de forma concluyente a la empresa prestadora involucrada.
Los casos patagónicos muestran que los conflictos laborales también alcanzan a yacimientos, industrias, grandes superficies comerciales y establecimientos alejados de los principales centros administrativos.
¿Quién controla las condiciones laborales de los vigiladores que permanecen doce horas dentro de un vehículo?
¿Quién verifica su encuadramiento salarial?
¿Quién garantiza la continuidad de los puestos de trabajo cuando una empresa decide cambiar o eliminar su servicio de seguridad?
LA NOCHE TAMBIÉN BAJO INVESTIGACIÓN: AGRESIONES Y VIOLENCIA EN BOLICHES
Otra dimensión de la problemática aparece en los establecimientos nocturnos. Durante enero de 2026, un grupo de jóvenes denunció haber sufrido agresiones por parte del personal de seguridad del boliche Dixit, en Villa Gesell.
Según publicó TN, los denunciantes relataron golpes y maniobras violentas durante un procedimiento de expulsión.
El episodio motivó una denuncia penal. En agosto, otro caso tuvo consecuencias graves en Córdoba. Un adolescente de 17 años sufrió fracturas en ambos lados de la mandíbula después de una agresión atribuida a un integrante del personal de seguridad del boliche Río.
La secuencia fue registrada en video y el trabajador señalado como presunto agresor quedó detenido. La causa quedó bajo investigación judicial.
Estos casos corresponden a la actividad de control de admisión y permanencia, que posee un régimen regulatorio específico y no debe confundirse automáticamente con todas las tareas de vigilancia convencional.
Sin embargo, permiten formular preguntas sobre las condiciones de contratación, habilitación, capacitación y control del personal.
¿Quién verifica que los establecimientos nocturnos contraten trabajadores habilitados?
¿Qué capacitación reciben para intervenir en situaciones violentas?
¿Qué responsabilidad tienen las empresas y los propietarios de los locales?
La seguridad no puede convertirse en sinónimo de violencia. Pero tampoco puede funcionar sin trabajadores capacitados, condiciones laborales adecuadas y mecanismos efectivos de supervisión.
SIETE EMPRESAS DENUNCIADAS ANTE ARCA: EL FOCO SOBRE LOS APORTES PREVISIONALES
Uno de los hechos más relevantes del año ocurrió en agosto. La Agrupación Sur presentó una denuncia ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) contra siete empresas de seguridad privada.
Las firmas individualizadas fueron Bayersegur S.A., Albosa S.R.L., ALESA S.A., Securiton Argentina S.A., Comahue Seguridad Privada S.A., Tecnoseg S.A. y Watchman Seguridad S.A. La presentación cuestionó presuntas irregularidades en los aportes y contribuciones previsionales vinculadas con la utilización de procedimientos preventivos de crisis.
Según el planteo, determinadas empresas habrían aplicado tratamientos previsionales sin contar con la homologación administrativa que los denunciantes consideraban necesaria. Se solicitó la intervención del organismo recaudador para investigar esas situaciones.
La denuncia no constituye, por sí misma, una comprobación de responsabilidad tributaria ni penal. Sin embargo, plantea interrogantes de enorme importancia.
¿Cuántas empresas de seguridad privada solicitaron procedimientos preventivos de crisis durante los últimos años?
¿Cuántos fueron homologados?
¿Cuáles continuaron prestando servicios mientras aplicaban medidas extraordinarias?
¿Qué controles se realizaron sobre los aportes de los trabajadores?
¿Se verificó que las situaciones económicas invocadas por las empresas justificaran las medidas solicitadas?
El problema adquiere una dimensión todavía mayor cuando se considera que los trabajadores pueden cumplir regularmente sus jornadas sin conocer con precisión la situación de sus contribuciones jubilatorias.
WATCHMAN: UNA INVESTIGACIÓN FEDERAL SOBRE CONTRATOS PÚBLICOS Y APORTES
El 22 de octubre, iProfesional informó que la Justicia Federal investigaba una denuncia contra Watchman Seguridad S.A. La causa quedó a cargo del juez federal Ariel Lijo, después de una investigación preliminar de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social.
Entre las acusaciones que dieron origen a las actuaciones aparecen presuntas irregularidades relacionadas con contratos públicos, posibles diferencias entre el personal contratado y el efectivamente asignado, y supuestos incumplimientos previsionales. La denuncia mencionó relaciones contractuales con organismos y empresas públicas, entre ellos Trenes Argentinos, PAMI, Correo Argentino, Tandanor y ENERSA.
La información judicial publicada también señaló que Watchman había solicitado distintos procedimientos preventivos de crisis: uno se encontraba homologado y otros ocho permanecían en trámite. La causa estaba caratulada como averiguación de delito y no se había determinado responsabilidad penal.
El caso abre una discusión que excede a una compañía.
¿Qué mecanismos utilizan los organismos públicos para verificar que las empresas contratadas cumplen sus obligaciones laborales y previsionales?
¿Se controla que las dotaciones contratadas coincidan con las efectivamente asignadas?
¿Se revisa la documentación sobre aportes?
¿Qué sucede cuando una empresa mantiene contratos importantes mientras enfrenta denuncias relacionadas con sus obligaciones previsionales?
La investigación requiere determinar los hechos y establecer las responsabilidades correspondientes, pero también pone bajo examen los mecanismos de contratación y fiscalización.
LAS SANCIONES OFICIALES: EL CASO MURATA
Las denuncias periodísticas no son el único elemento disponible para examinar la actividad. En junio de 2026, el Ministerio de Seguridad bonaerense publicó una resolución relacionada con Murata S.A. La Provincia rechazó un recurso presentado contra una sanción administrativa impuesta en diciembre de 2025.
La sanción contemplaba una multa de $42.516.963,50 y la suspensión de la habilitación durante diez días, sujeta a firmeza. El expediente se relacionó con la prestación de un servicio de seguridad privada sin declarar el contrato ante la autoridad competente.
La actuación consta en el Boletín Informativo N.º 42 del Ministerio de Seguridad bonaerense, del 19 de junio de 2026. Se trata de una infracción administrativa y no de una condena penal.
Pero el antecedente permite plantear una cuestión central:
¿Qué seguimiento realizan las autoridades sobre las empresas sancionadas y cuáles son los mecanismos para comprobar que las irregularidades fueron corregidas?
EL SINDICATO DE CUSTODIOS CUESTIONA A LAS EMPRESAS Y A LOS GRANDES CLIENTES
En paralelo con los conflictos publicados por medios nacionales y provinciales, el Sindicato de Custodios (SUTCA) viene impulsando denuncias relacionadas con el cumplimiento del convenio colectivo, las condiciones laborales, los aportes previsionales y la libertad sindical.
Uno de los episodios más significativos ocurrió en Carrefour. El 16 de enero, SUTCA realizó una medida gremial vinculada con un conflicto con Ranger Seguridad. La organización denunció presunta persecución sindical, traslados arbitrarios, sanciones a delegados y diferencias en la liquidación de horas extraordinarias, feriados, aguinaldos y vacaciones.
También cuestionó el pago selectivo de un bono que, según el sindicato, beneficiaba a determinados vigiladores mientras excluía a otros que cumplían tareas similares dentro de la misma cadena comercial. El planteo incorporó una discusión sobre la responsabilidad de los grandes clientes.
Otro episodio ocurrió en Logística TRF, de Transfarmaco S.A. El 20 de febrero, SUTCA informó sobre una inspección desarrollada junto con autoridades laborales.
En ese establecimiento, el sindicato señaló a tres empresas de seguridad: Tecnoseg, Bayersat y Federal Service. Según la organización, existían presuntos incumplimientos relacionados con el pago de salarios fuera de término, horas extraordinarias al 50 % y al 100 %, aguinaldos, vacaciones, persecución sindical, maltrato laboral y suspensiones.
También cuestionó la utilización de acuerdos de crisis por parte de las contratistas. Se trata de denuncias que deben contrastarse con las actuaciones y la documentación correspondientes. Los casos forman parte de una discusión más amplia sobre empresas que prestan servicios similares dentro de un mismo establecimiento, pero cuyos trabajadores pueden tener diferentes condiciones salariales, modalidades de contratación y formas de liquidación de haberes.
¿Por qué trabajadores que realizan tareas equivalentes pueden encontrarse con liquidaciones distintas?
¿Quién controla las horas realmente trabajadas?
¿Qué sucede cuando una empresa factura un servicio completo, pero sus trabajadores denuncian diferencias salariales?
¿Qué responsabilidad corresponde a los clientes que contratan varias empresas de seguridad dentro de un mismo objetivo?
Las preguntas alcanzan a grandes cadenas comerciales, bancos, industrias, universidades y organismos públicos.
UPSRA, CAESI Y EL POLÉMICO DESCUENTO DEL 2 %
Mientras se acumulaban denuncias empresariales, la negociación colectiva entre UPSRA y CAESI incorporó un nuevo motivo de controversia. El acuerdo correspondiente al segundo semestre de 2026 estableció un aporte solidario del 2 % sobre el salario básico convencional para los trabajadores comprendidos en el CCT 507/07 que no estuvieran afiliados a UPSRA.
Para un vigilador general, durante octubre, ese descuento representa $21.064 mensuales. La retención fue incorporada a un acuerdo homologado por la autoridad laboral.
La cuestión no se limita al porcentaje. En octubre, el salario básico convencional de un vigilador general alcanzó los $1.053.200. El total conformado de referencia incluye, además, presentismo, viáticos y conceptos no remunerativos.
Precisamente, la utilización de sumas no remunerativas y el pago de viáticos por días efectivamente trabajados forman parte de los cuestionamientos que distintas representaciones laborales vienen planteando sobre la estructura salarial.
La discusión es especialmente sensible cuando existen trabajadores que denuncian dificultades para llegar a fin de mes, diferencias en sus liquidaciones y problemas para cobrar obligaciones laborales. Frente a este panorama, la conducción de UPSRA, encabezada por Ángel Alberto García, tiene preguntas concretas que responder.
¿Qué resultados verificables obtiene el trabajador de la representación sindical que financia?
¿Qué mecanismos de rendición de cuentas existen respecto del aporte solidario?
¿Qué controles se promueven sobre las empresas denunciadas por incumplimientos salariales y previsionales?
¿Qué seguimiento se realiza sobre los procedimientos preventivos de crisis?
¿Qué balance puede presentarse sobre la situación laboral de los vigiladores durante 2026?
Y una pregunta que atraviesa toda la controversia:
¿Cómo se explica la incorporación de un nuevo descuento a trabajadores no afiliados cuando numerosos vigiladores denuncian problemas salariales y reclaman una defensa más efectiva de sus derechos?
La homologación de un acuerdo no elimina la necesidad de discutir sus efectos sobre los trabajadores.
EL SINDICALISMO PROVINCIAL Y LA CRISIS DE REPRESENTACIÓN
Las denuncias también abren interrogantes sobre el papel de las organizaciones sindicales provinciales. Durante años, distintas estructuras gremiales construyeron su presencia pública alrededor de la defensa de los trabajadores de seguridad.
Sin embargo, durante 2026 aparecieron cuestionamientos concretos sobre el acompañamiento sindical frente a despidos y conflictos salariales. En Formosa, trabajadores de Bruma denunciaron públicamente la falta de asistencia que esperaban de la delegación local de UPSRA.
En San Juan, algunos empleados afectados por el conflicto de Hunter cuestionaron la respuesta gremial durante las primeras instancias de las desvinculaciones. En Santa Cruz, trabajadores entrevistados por medios locales también expresaron malestar frente a la pérdida de puestos de trabajo. Estos testimonios no permiten generalizar sobre todas las organizaciones, pero justifican exigir resultados verificables.
¿Cuántas denuncias terminaron con regularizaciones laborales?
¿Cuántos trabajadores recuperaron diferencias salariales?
¿Qué acciones se promovieron frente a presuntos incumplimientos previsionales?
¿Qué seguimiento se realizó sobre los procedimientos preventivos de crisis?
¿Dónde pueden consultar los trabajadores los resultados de esas intervenciones?
La representación sindical debe poder evaluarse mediante documentación, acciones y resultados concretos. Los beneficios sociales y las prestaciones para los afiliados no sustituyen la defensa del salario, el empleo, el convenio colectivo y la libertad sindical.
LOS ACTORES QUE PERMANECEN FUERA DE LA DISCUSIÓN
Existe otro nivel de responsabilidades que suele quedar fuera del debate público. Detrás de cada servicio de seguridad privada hay un cliente que contrata.
Puede ser un banco, un supermercado, una universidad, una industria, una terminal logística, un hospital o un organismo estatal. Ese cliente establece necesidades operativas, recibe propuestas comerciales y paga por una prestación.
La cuestión es qué controles realiza sobre las condiciones en las que se desarrolla el servicio.
¿Qué sucede cuando dos empresas prestan tareas similares dentro de un mismo establecimiento, pero sus trabajadores denuncian salarios diferentes?
¿Se verifica la cantidad real de horas cubiertas?
¿Se exige documentación sobre aportes previsionales?
¿Se comprueba que las dotaciones contratadas coincidan con las efectivamente asignadas?
¿Se examinan los antecedentes laborales y administrativos de una empresa antes de renovar un contrato?
¿Y qué sucede cuando una prestadora enfrenta reiteradas denuncias mientras continúa facturando servicios?
No corresponde responsabilizar automáticamente a cada cliente por los incumplimientos de una contratista. Pero sí corresponde examinar las obligaciones legales y contractuales aplicables a cada relación comercial. El precio de un contrato no debería ser el único indicador utilizado para evaluar un servicio que depende directamente del trabajo humano.
UNA INDUSTRIA QUE NECESITA RESPUESTAS
Los hechos conocidos durante 2026 no permiten afirmar que todas las empresas de seguridad privada incumplen la legislación. Tampoco permiten considerar probadas las acusaciones que permanecen bajo investigación. Pero existe una acumulación de episodios que merece atención nacional. Trabajadores que denunciaron meses sin cobrar. Desvinculaciones masivas después de cambios de contratistas. Un sin fin de irregularidades que muchos…. eligen no mirar.
