Mas denuncias contra Watchman salpican a nuevas sociedades empresariales en la provincia de Salta

La investigación judicial sobre presuntas irregularidades en contrataciones públicas, aportes previsionales y procedimientos preventivos de crisis abre interrogantes sobre la expansión nacional de Watchman Seguridad y sus recientes alianzas comerciales en el norte argentino. La vinculación societaria con Vacu Seguridad, su desembarco en el negocio minero y los encuentros con empresarios, representantes sindicales y organismos de control vuelven a quedar bajo la lupa. El antecedente de Securitas reaviva el debate sobre los controles en la seguridad privada.

Lo que hasta hace pocos meses era presentado como uno de los procesos de crecimiento empresarial más importantes del mercado argentino de la seguridad privada comienza a enfrentar un escenario de cuestionamientos laborales, investigaciones judiciales e interrogantes sobre la transparencia de sus operaciones.

Watchman Seguridad S.A., compañía que viene expandiendo su presencia en distintas provincias argentinas, quedó mencionada en una investigación judicial por presuntas irregularidades en contrataciones públicas y obligaciones previsionales.

La situación adquiere particular relevancia en la provincia de Salta, donde la empresa desarrolló una estrategia de posicionamiento comercial a través de alianzas societarias, presentaciones en congresos mineros y encuentros con referentes del sector empresarial.

El interrogante que comienza a instalarse es qué consecuencias pueden tener estos antecedentes sobre las empresas regionales que decidieron asociarse comercialmente con Watchman y sobre los clientes que contrataron sus servicios.

Una investigación judicial que comienza a generar repercusiones

El 22 de octubre de 2026, el medio iProfesional publicó una investigación sobre una denuncia que involucra a Watchman Seguridad S.A. por presuntas maniobras vinculadas con contratos de seguridad privada en organismos y empresas públicas.

Según esa publicación, la investigación tuvo su origen en una presentación recibida por la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISES), a cargo del fiscal Guillermo Marijuan, y posteriormente quedó radicada ante el juzgado federal de Ariel Lijo.

Entre los aspectos denunciados aparecen posibles pagos indebidos a funcionarios, eventuales irregularidades en la adjudicación y ejecución de contratos, presuntas retenciones de aportes previsionales y cuestionamientos sobre procedimientos preventivos de crisis.

La publicación identifica entre los organismos y empresas mencionados a Trenes Argentinos, TANDANOR, PAMI, Correo Argentino y ENERSA, aunque no todas esas relaciones contractuales fueron verificadas con el mismo alcance durante las actuaciones preliminares. De acuerdo con la información periodística, Correo Argentino y ENERSA confirmaron sus vínculos contractuales con la firma. También se requirió documentación a la Secretaría de Trabajo y a ARCA.

La investigación se encuentra en una etapa en la que todavía corresponde determinar la existencia, el alcance y las responsabilidades de los hechos denunciados. Sin embargo, la relevancia institucional del caso resulta evidente por la cantidad de organismos involucrados y por la expansión territorial de la compañía.

Salta: de presentarse como modelo empresarial a quedar bajo los interrogantes del mercado

Uno de los capítulos más significativos de esta situación se desarrolla en la provincia de Salta. Durante 2026, Watchman avanzó con una importante campaña de posicionamiento en el mercado minero del Noroeste Argentino, presentándose como una compañía de capitales nacionales con capacidad económica, tecnología, infraestructura y experiencia para desarrollar operaciones de seguridad de gran magnitud. Su participación en encuentros empresariales y congresos mineros tuvo como objetivo mostrar una estructura capaz de competir por contratos vinculados al litio, la minería, la energía y otras actividades estratégicas.

En agosto de 2026, el portal especializado Salta Mining informó sobre la alianza estratégica entre Watchman Seguridad y Vacu Seguridad, empresa salteña con antecedentes en servicios de vigilancia privada y operaciones en distintas provincias del norte argentino. La presentación pública estuvo encabezada por Eduardo Gandulfo, identificado como director técnico y gerente de la zona norte de Watchman y vinculado a Vacu Seguridad, junto con Diego García Brandi, director comercial de Watchman.

Durante aquella exposición, se destacó la capacidad operativa de la compañía nacional, su despliegue tecnológico y la posibilidad de ofrecer servicios de seguridad integral a grandes emprendimientos mineros. La información publicada también señaló que la operación comercial se había concretado mediante la adquisición por parte de Watchman de una participación accionaria perteneciente a uno de los socios fundadores de Vacu.

Fuentes del sector describen una participación cercana a la mitad del paquete accionario, aunque ese porcentaje todavía requiere corroboración mediante la documentación societaria correspondiente. La operación representó una apuesta por combinar el conocimiento territorial de una empresa regional con el respaldo económico y operativo de una compañía de alcance nacional.

Ahora, frente a las denuncias conocidas públicamente, aquella alianza comienza a generar nuevos interrogantes. ¿Qué evaluaciones de antecedentes laborales y judiciales se realizaron antes de avanzar con la asociación? ¿Qué responsabilidades corresponden a cada sociedad? ¿Qué información recibieron los potenciales clientes mineros sobre los mecanismos de cumplimiento laboral y previsional de las empresas involucradas?

La reunión empresarial en Salta y el proyecto de una nueva cámara de seguridad

Otro aspecto que adquiere importancia es una reunión desarrollada en Salta en la que, según fuentes vinculadas al sector de seguridad privada, se analizó la posibilidad de conformar una nueva representación empresarial provincial. De acuerdo con la información aportada por esas fuentes, en el encuentro habrían participado representantes de las empresas Vacu Seguridad, Guardián y Mecma, además de integrantes vinculados a la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA).

Las mismas fuentes mencionan la presencia de representantes de la División de Agencias de Seguridad de la provincia de Salta, organismo relacionado con la fiscalización de la actividad. El encuentro habría tenido entre sus principales objetivos analizar la situación del mercado provincial, las condiciones de competencia, las dificultades de fiscalización y la eventual organización de una nueva cámara empresarial.

También se habrían abordado cuestiones vinculadas con las denuncias de irregularidades en el sector y la presencia de distintas organizaciones sindicales. Según los testimonios recibidos, uno de los temas de conversación fue el creciente posicionamiento del Sindicato de Custodios (SUTCA) en la provincia de Salta, particularmente a partir de sus reclamos laborales, presentaciones administrativas y denuncias relacionadas con las condiciones de trabajo en empresas de seguridad privada.

Las fuentes señalan que durante el encuentro se formularon cuestionamientos hacia la actividad de otras organizaciones gremiales con presencia en territorio salteño. Estas referencias corresponden a testimonios sectoriales cuya corroboración requiere acceder a las actas, convocatorias o registros del encuentro.

La participación de una empresa, un sindicato o un funcionario en una reunión sectorial no implica por sí misma la existencia de una irregularidad ni los vincula automáticamente con la investigación judicial contra Watchman. No obstante, frente a los antecedentes conocidos posteriormente, adquiere relevancia conocer qué objetivos institucionales perseguía aquella iniciativa empresaria y cuál sería la participación de las compañías involucradas.

El desembarco de Vacu y Watchman en el negocio de la minería

La alianza entre Vacu Seguridad y Watchman no fue presentada como una simple cooperación comercial. Representó una estrategia de expansión que buscaba aprovechar el crecimiento de la actividad minera en Salta y otras provincias del Noroeste Argentino.

Vacu contaba previamente con experiencia regional y antecedentes de prestación de servicios a establecimientos comerciales, industriales y emprendimientos energéticos. Por su parte, Watchman aportaba una estructura nacional, recursos tecnológicos y una presencia comercial que sus representantes destacaban como una ventaja competitiva.

La compañía también participó como patrocinadora de Argentina Mining Norte 2026, donde difundió sus capacidades vinculadas con vigilancia física, monitoreo inteligente y protección de instalaciones estratégicas. En las presentaciones realizadas durante el año se destacó el crecimiento de Watchman, su presencia en numerosas provincias y una dotación que, según información empresarial difundida entonces, superaba los 5.000 vigiladores.

En ese contexto, la sociedad con Vacu fue exhibida como una plataforma para acceder a nuevas oportunidades de negocios. Sin embargo, el avance de las investigaciones y los conflictos laborales plantea una cuestión central: el crecimiento comercial de una empresa de seguridad no puede analizarse de manera independiente de sus antecedentes laborales, del cumplimiento de sus obligaciones previsionales y de la calidad efectiva de los servicios que presta.

El vínculo con CAESI y la representación empresarial nacional

La expansión de Watchman también tiene una dimensión institucional. Según la nómina pública de autoridades de la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI), su presidente, Fernando Pesce, aparece identificado como representante de Watchman Seguridad S.A.

En la misma conducción figura Norberto Amendola, vinculado a la estructura directiva de Watchman, como protesorero de la entidad. Esta información resulta especialmente relevante porque CAESI participa en la representación del sector empresario y en negociaciones colectivas relacionadas con las condiciones laborales de los vigiladores. La presencia de representantes de una compañía investigada en una cámara empresaria no configura por sí misma una irregularidad.

Sin embargo, plantea un debate institucional sobre los mecanismos de transparencia, prevención de conflictos de intereses y evaluación de antecedentes de las empresas que intervienen en decisiones sectoriales. El interrogante se amplía cuando esas mismas compañías promueven iniciativas de representación empresarial en diferentes provincias.

Las denuncias sindicales y el cuestionamiento a los procedimientos preventivos de crisis Los cuestionamientos hacia Watchman no comenzaron con la investigación difundida en octubre. Distintas organizaciones gremiales del sector vienen señalando situaciones relacionadas con liquidaciones salariales, aportes previsionales, condiciones laborales y conflictos con trabajadores.

Entre ellas aparece el Sindicato de Custodios (SUTCA), que ha cuestionado el uso de procedimientos preventivos de crisis y acuerdos de suspensión dentro de la actividad. Desde la perspectiva sindical, resulta necesario determinar si esos mecanismos responden efectivamente a situaciones económicas que justifican su implementación o si pueden terminar siendo utilizados para reducir costos laborales mientras las empresas mantienen o amplían sus operaciones comerciales.

En el caso de Watchman, la investigación periodística de iProfesional confirmó la existencia de requerimientos oficiales relacionados con distintos procedimientos y acuerdos encuadrados en el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.

La documentación difundida señala que uno de esos acuerdos fue homologado y que otros expedientes se encontraban en trámite al momento de la publicación. La homologación administrativa de un acuerdo y la posterior investigación de eventuales irregularidades constituyen cuestiones distintas, que deben analizarse individualmente.

A ello se suman los conflictos registrados en los servicios ferroviarios.

El sindicato SUTCAPRA ha publicado reclamos vinculados con trabajadores de Watchman en Trenes Argentinos, incluyendo diferencias salariales, conceptos convencionales, condiciones de trabajo y situaciones relacionadas con despidos.

En esos establecimientos también existen trabajadores afiliados al Sindicato de Custodios, según información de la organización. Estos antecedentes muestran que la conflictividad laboral tiene distintas expresiones y no se limita a un único establecimiento o provincia.

Cuestionamientos en barrios privados y servicios de seguridad

Otro frente de preocupación señalado por fuentes vinculadas con la actividad está relacionado con la prestación operativa de servicios en barrios privados de la provincia de Buenos Aires. Según testimonios gremiales, se han formulado cuestionamientos por robos ocurridos en objetivos donde Watchman habría tenido responsabilidades de vigilancia, así como por presuntas deficiencias de capacitación y procedimientos de prevención.

También se informó sobre un episodio reciente en el que trabajadores que conducían un móvil afectado a un servicio habrían protagonizado un vuelco y una colisión con el vehículo de un residente, en un objetivo asumido por la firma pocos meses antes. Estos episodios requieren corroboración documental mediante denuncias, informes de siniestros, actuaciones administrativas y registros de los respectivos establecimientos. No permiten por sí solos atribuir responsabilidades empresariales ni establecer conexiones con la investigación judicial.

Sin embargo, ponen sobre la mesa la importancia de auditar la capacitación del personal, los protocolos de seguridad, la supervisión de los servicios y las condiciones en las que se desarrolla el trabajo. La calidad de una prestación no puede medirse exclusivamente por la cantidad de contratos obtenidos o por el volumen comercial de una compañía.

El antecedente Securitas: una advertencia para todo el sector

El escenario recuerda, en algunos aspectos, al antecedente de Securitas Argentina, una empresa que durante años ocupó una posición de enorme relevancia en el mercado nacional de la seguridad privada. En aquel caso, una auditoría interna derivó en una autodenuncia empresarial por hechos de corrupción vinculados con pagos a funcionarios para obtener o mantener contratos.

La investigación judicial avanzó posteriormente sobre exdirectivos y distintos actores relacionados con organismos públicos y empresas contratantes. Existe, sin embargo, una diferencia fundamental: el caso Securitas tiene antecedentes judiciales y una autodenuncia empresarial que no pueden equipararse con la actual investigación preliminar sobre Watchman.

La comparación debe entenderse como una advertencia sobre la necesidad de controles efectivos, transparencia contractual y responsabilidad institucional en un sector que administra servicios sensibles para organismos públicos y grandes compañías privadas. Tanto los organismos estatales como los clientes particulares deben contar con mecanismos adecuados para verificar la capacidad económica, técnica, laboral y previsional de las empresas contratadas.

El efecto rebote sobre las alianzas empresariales de Salta

La nueva situación judicial de Watchman coloca bajo análisis su estrategia de crecimiento y las relaciones comerciales construidas durante los últimos meses. En Salta, el caso adquiere una dimensión particular por la alianza societaria con Vacu, la búsqueda de contratos mineros y las iniciativas de articulación empresarial impulsadas en la provincia. Las compañías que participaron de reuniones sectoriales, los organismos que mantuvieron contactos institucionales y los clientes interesados en contratar servicios tienen ahora razones para prestar especial atención a los antecedentes públicos de la empresa.

Esto no significa que las sociedades comerciales asociadas, los asistentes a reuniones empresariales o los funcionarios que participaron de actividades institucionales se encuentren involucrados en conductas ilícitas.

Significa que el crecimiento mediante adquisiciones y asociaciones exige mayores controles sobre la estructura societaria, los compromisos laborales y la responsabilidad de cada empresa. También resulta pertinente determinar si en las operaciones de asociación comercial se evaluaron los antecedentes administrativos y judiciales de las partes, especialmente cuando los proyectos apuntan a servicios estratégicos como la seguridad minera.

TANDANOR y los organismos públicos: el otro frente de preocupación

La situación también adquiere relevancia en empresas estatales como TANDANOR. En ese ámbito, representantes del Sindicato de Custodios y del sindicato de trabajadores del astillero han mantenido encuentros para analizar las condiciones laborales del personal de vigilancia y los conflictos que atraviesa la actividad. La contratación de empresas privadas por organismos públicos requiere mecanismos de control sobre las obligaciones salariales, previsionales y convencionales. En el caso particular de TANDANOR, resulta necesario identificar los contratos correspondientes, los procedimientos de adjudicación, las condiciones económicas y los controles administrativos realizados sobre la prestación del servicio. Las denuncias relacionadas con Watchman constituyen un motivo para profundizar esa revisión, pero no acreditan por sí solas irregularidades en un contrato específico.

Una expansión empresarial que deberá responder nuevos interrogantes

El mercado argentino de seguridad privada atraviesa un proceso de transformación en el que conviven grandes operadores nacionales, empresas provinciales, nuevas tecnologías y un creciente interés por servicios vinculados con actividades estratégicas. En ese escenario, el crecimiento de Watchman representó una apuesta por consolidar una estructura de alcance federal. Sin embargo, la reciente investigación judicial, los antecedentes de reclamos sindicales y los cuestionamientos públicos obligan a examinar con mayor profundidad la relación entre expansión comercial, obligaciones laborales y mecanismos de control.

Salta aparece como un caso testigo de ese proceso.

La alianza con Vacu, el posicionamiento en congresos mineros, las reuniones con representantes del sector y la intención de desarrollar nuevas estructuras empresariales fueron presentados como parte de una etapa de modernización y crecimiento. Hoy esas iniciativas quedan atravesadas por preguntas que requieren respuestas documentadas. ¿Cuál es la composición accionaria efectiva de las sociedades involucradas? ¿Qué evaluaciones de antecedentes se realizaron antes de concretar las alianzas? ¿Cómo se garantiza el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales? ¿Qué controles aplican las autoridades provinciales? ¿Qué mecanismos de auditoría utilizan los grandes clientes?

Y, principalmente, ¿qué garantías tienen los trabajadores de que el crecimiento de las empresas se traducirá también en mejores condiciones laborales?

El desarrollo de la seguridad privada requiere inversiones, innovación y profesionalización. Pero también exige transparencia, cumplimiento de la legislación y respeto por los derechos de quienes sostienen diariamente los servicios. La investigación judicial determinará, en su ámbito, si existieron conductas delictivas. Mientras tanto, el sector empresarial, los organismos de control y los clientes deberán responder una cuestión central: hasta qué punto se verifica la trayectoria y el cumplimiento efectivo de una compañía antes de presentarla como modelo de seguridad privada.

La expansión comercial puede construir una imagen de liderazgo. La confianza, en cambio, depende de hechos comprobables, controles rigurosos y responsabilidades claramente establecidas.

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Fuentes documentales: iProfesional, investigación publicada el 22 de octubre de 2026; Salta Mining, cobertura de la alianza Vacu–Watchman del 18 de agosto de 2026; registros societarios del Boletín Oficial; nómina institucional de CAESI; comunicados de SUTCAPRA; antecedentes judiciales del caso Securitas publicados por medios nacionales. Los datos sobre la reunión empresarial, el porcentaje accionarial y determinados incidentes operativos proceden de información sectorial pendiente de corroboración independiente.