Seguridad privada en el sector bancario: conflictos gremiales, cambios de contratos y puestos de trabajo en riesgo

La disputa por los servicios de seguridad en entidades financieras expone la tensión entre la reducción de costos, la continuidad laboral y los derechos sindicales. La intervención del SUTCA en el conflicto en Banco Galicia con la empresa SECURION y el caso del Banco Supervielle con la empresa PROSEGUR reflejan los desafíos que enfrenta el sector.

La seguridad privada en el sistema bancario atraviesa un escenario de creciente conflictividad laboral, en un contexto en el que las entidades financieras revisan sus estructuras, reorganizan servicios y buscan reducir costos. Empresas como SECURION, PROSEGUR, ELE, y TECH, entre otras, forman parte de un sector en el que las decisiones comerciales pueden tener consecuencias directas sobre los trabajadores, sus condiciones laborales y la organización sindical.

Uno de los conflictos recientes tuvo lugar en el servicio de monitoreo remoto de Banco Galicia, donde trabajadores de SECURION denunciaron presuntas prácticas de persecución sindical y el desplazamiento de empleados por su afiliación gremial.

Banco Galicia: denuncias de persecución sindical y reincorporación de trabajadores

Según expresó Cristian Southwell, delegado del servicio de Banco Galicia, desde enero se venían registrando situaciones que, de acuerdo con su denuncia, constituían prácticas de persecución sindical por parte de un encargado de SECURION, quien en reiteradas oportunidades intentó quitar a trabajadores del servicio solo por su condición de afiliados: “hemos denunciado en reiteradas oportunidades estas maniobras antisindicales del encargado del CMR, sin embargo SECURION actuó de forma muy pasiva. La inacción de la empresa ante este tipo de conductas inapropiadas, casi desemboca en un conflicto gremial en las puertas del BANCO GALICIA”, sostuvo el delegado sindical, quien destacó la buena predisposición del cliente en las instancias del dialogo para destrabar el conflicto.

El conflicto se profundizó el 5 de octubre, cuando dos trabajadores afiliados al Sindicato Unidos Trabajadores Custodios Argentinos (SUTCA) fueron removidos del servicio de monitoreo remoto. Según sostuvo Southwell, “ambos empleados no registraban antecedentes negativos en sus legajos ni sanciones disciplinarias que justificaran la decisión.”

Desde la representación gremial interpretaron la medida como un posible acto de discriminación por afiliación sindical y advirtieron sobre el riesgo de que la situación derivara en un conflicto de mayor alcance.

Ante este escenario, el dirigente nacional de la seguridad privada Christian López encabezó gestiones y mantuvo arduas reuniones con autoridades de Banco Galicia y de SECURION. Las conversaciones se desarrollaron luego de sucesivas advertencias sindicales sobre la posibilidad de adoptar medidas gremiales si no se encontraba una solución.

Finalmente, el 16 de octubre, apenas once días después del desplazamiento, se logró la reincorporación de los dos trabajadores afiliados al SUTCA al servicio de monitoreo remoto.

El resultado representó un avance para la organización sindical, que reclamaba la restitución de los puestos de trabajo y cuestionaba las decisiones que, según su interpretación, podían vulnerar la libertad sindical. El caso también puso de relieve el papel que pueden desempeñar las negociaciones entre sindicatos, empresas contratistas y entidades bancarias para evitar una escalada de los conflictos laborales.

La crisis bancaria y el impacto sobre el empleo

La conflictividad en los servicios tercerizados de seguridad se desarrolla en paralelo con un proceso de transformación y achicamiento de la estructura bancaria argentina. El cierre de sucursales, la expansión de las operaciones digitales, las fusiones y la búsqueda de eficiencia operativa modifican las necesidades de contratación y repercuten sobre el empleo.

De acuerdo con información publicada por LA NACIÓN el 11 de octubre de 2026, sobre la base de datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el país pasó de contar con 4.616 sucursales bancarias en julio de 2019 a 3.944 en julio de 2026, una reducción de 672 puntos de atención, equivalente al 14,5%. En ese mismo período, el empleo bancario descendió de 107.026 a 86.795 trabajadores, lo que representa una caída de 20.231 puestos de trabajo. La tendencia refleja el impacto de la digitalización y de la reorganización de las redes de atención, en un escenario que también está atravesado por la necesidad de controlar gastos y las dificultades económicas que afectan a distintos segmentos del sistema financiero.

Este proceso no repercute únicamente sobre los empleados bancarios. También puede alcanzar a los trabajadores de las empresas de seguridad privada que prestan servicios en sucursales, centros de monitoreo y otras instalaciones. La reducción de servicios, los cambios de contratistas y la búsqueda de proveedores más económicos pueden generar incertidumbre laboral, reestructuraciones y disputas por la continuidad de los puestos de trabajo.

En este contexto, uno de los principales desafíos consiste en evitar que la reducción de costos se traduzca en pérdida de derechos, deterioro de las condiciones laborales o debilitamiento de la organización de los trabajadores.

TECH SECURITY Y LA POLÉMICA POR LAS LICITACIONES DEL BANCO NACIÓN

Tech Security, empresa vinculada a la familia Menem, quedó en el centro de la controversia tras la preadjudicación, en julio de 2025, de un contrato del Banco Nación por más de $3.933 millones para prestar servicios de vigilancia. La polémica se relacionó con los vínculos societarios de la empresa con la familia Menem y motivó pedidos de informes sobre el proceso licitatorio. Ante las denuncias públicas por presuntas irregularidades, la firma rechazó las acusaciones y defendió la legalidad de sus contrataciones. El caso reavivó el debate sobre la transparencia en las licitaciones públicas y los posibles conflictos de intereses.

Banco Supervielle: el SUTCA intervino para defender la continuidad laboral

Otro de los conflictos que requirió la intervención del SUTCA se produjo en el ámbito del Banco Supervielle, a raíz del levantamiento del servicio de monitoreo que cubría la empresa PROSEGUR.

Ante esta situación, el sindicato intervino con el objetivo de garantizar la continuidad laboral de los trabajadores involucrados y reclamar que se respeten las condiciones laborales que tenían antes de la modificación del servicio.

La preocupación sindical se centra en que los cambios de contratación o la interrupción de una prestación no se conviertan en un mecanismo para trasladar los costos de las decisiones empresariales a los empleados. Para el gremio, cualquier reorganización debe contemplar la preservación de los puestos de trabajo y el respeto por los derechos adquiridos, así como las condiciones laborales correspondientes. «Las decisiones de clientes y empresas de seguridad debe incluir un diálogo con los representantes de los trabajadores y no pueden ser tomadas unilateralmente por la patronal», sostuviieron desde el gremio.

El caso de Supervielle, al igual que el conflicto registrado en Banco Galicia, muestra la importancia de que las decisiones sobre los servicios tercerizados contemplen sus consecuencias laborales y cuenten con instancias de diálogo con las representaciones sindicales.

Un escenario que exige diálogo y garantías laborales

Los conflictos en Banco Galicia y Banco Supervielle exponen una problemática que trasciende a una empresa o entidad financiera en particular. En un mercado en transformación, donde los contratos se revisan y la reducción de gastos adquiere protagonismo, la estabilidad laboral y el respeto por la libertad sindical se convierten en cuestiones centrales.

Para el SUTCA, la defensa de los trabajadores no se limita a reclamar frente a una desvinculación o un desplazamiento concreto: también implica intervenir preventivamente, abrir canales de negociación y exigir garantías cuando se modifican los servicios.

La reincorporación de los dos afiliados en Banco Galicia y las gestiones por la continuidad laboral en Banco Supervielle constituyen, desde la perspectiva sindical, antecedentes de una misma disputa: que las reestructuraciones empresariales no se realicen a costa de los trabajadores y que la búsqueda de eficiencia económica no se utilice para restringir derechos gremiales.

En un escenario de cambios profundos para el sistema bancario, el desafío será compatibilizar la reorganización de los servicios con la protección del empleo, las condiciones laborales y el ejercicio pleno de la libertad sindical.