WATCHMAN BAJO LA LUPA: EMBARGOS MILLONARIOS, CAUSAS PENALES Y OTRA POSIBLE CRISIS EN LA SEGURIDAD PRIVADA ARGENTINA
El crecimiento de una de las grandes empresas nacionales de seguridad privada queda bajo interrogantes tras una sucesión de expedientes judiciales, denuncias por aportes previsionales, fallos laborales y acuerdos de crisis homologados por el Estado. La investigación también pone el foco sobre UPSRA, el Ministerio de Trabajo y las cámaras empresariales CAESI y CAESBA. Desde el Sindicato de Custodios advierten que el problema podría alcanzar a más de 130 empresas y superar los 20.000 trabajadores afectados.
Investigación especial | Seguridad privada argentina | Noviembre de 2026
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(Ver video HABLEMOS CON SEGURIDAD con la participación del Secretario de Prensa de SUTCA Cristian Southwell)
EL NEGOCIO MILLONARIO DE LA SEGURIDAD PRIVADA Y UNA REALIDAD QUE EMPIEZA A SALIR A LA LUZ
Durante años, el crecimiento de distintas empresas de seguridad privada en la Argentina estuvo acompañado de una pregunta que pocas veces encontró respuestas públicas: ¿cómo se sostiene una estructura empresarial que administra contratos millonarios, miles de horas de vigilancia y una importante cantidad de trabajadores, mientras se multiplican los reclamos salariales, previsionales y judiciales?
El interrogante adquiere una dimensión particular en el caso de Watchman Seguridad S.A., una compañía nacional con una extensa trayectoria y presencia en servicios públicos y privados, que actualmente aparece mencionada en diferentes expedientes judiciales y denuncias sindicales.
La situación recuerda las alarmas que precedieron a otras crisis empresariales de la actividad. CODECOP terminó en quiebra durante diciembre de 2025, mientras que SISEG S.R.L. había atravesado un desenlace judicial semejante meses antes. A estos antecedentes se suman las transformaciones que viene experimentando el mercado argentino de la seguridad privada, incluida la situación de grandes operadores internacionales como Securitas.
No se trata de afirmar que Watchman esté quebrada ni que necesariamente vaya a desaparecer. Hasta el momento, los registros comerciales consultados no acreditan una quiebra de esa empresa. Pero la acumulación de conflictos laborales, antecedentes penales económicos y nuevos cuestionamientos sobre sus contratos con el Estado constituye una señal de alerta que merece una investigación profunda.
Detrás de cada contrato existe un trabajador, una familia, una obligación previsional y un cliente que paga por un servicio determinado.
Y cuando empiezan a aparecer irregularidades, la discusión deja de ser exclusivamente empresarial para convertirse en un asunto de interés público.
UNA CAUSA PENAL ECONÓMICA QUE SE REMONTA A 2019
Uno de los antecedentes más relevantes surge del expediente CPE 1233/2019/TO1, caratulado “Watchman Seguridad S.A. y otros s/ infracción Ley 24.769”, que tramitó ante la Justicia Nacional en lo Penal Económico.
El 21 de septiembre de 2021, el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N.º 7 dispuso el procesamiento sin prisión preventiva de Alfredo Eugenio Enjuto y de Watchman Seguridad S.A., en una investigación vinculada con la presunta apropiación indebida de recursos de la seguridad social retenidos a empleados de la compañía.
Los períodos investigados comprendían distintos meses entre junio de 2016 y marzo de 2019.
La resolución original también estableció embargos por 600 millones de pesos para cada uno de los procesados, montos fijados en valores nominales de aquella época.
Posteriormente, en noviembre de 2021, uno de esos embargos fue reducido a 300 millones de pesos.
En septiembre de 2022, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico confirmó parcialmente los procesamientos.
Los acontecimientos continuaron. El 24 de noviembre de 2023, el Tribunal Oral en lo Penal Económico N.º 3 rechazó una solicitud de extinción de la acción penal por reparación integral.
Y el 19 de febrero de 2024, una nueva resolución judicial volvió a colocar el expediente en el centro de la discusión.
En aquella oportunidad, el tribunal rechazó el pedido de una nueva reducción del embargo promovido por la defensa de Enjuto, aunque autorizó excepcionalmente la venta de su participación en un inmueble, estableciendo que el dinero correspondiente debía quedar depositado judicialmente a cuenta de la medida cautelar.
Un detalle merece especial atención: dentro de esas actuaciones constaba que la entonces AFIP había informado que la empresa no registraba deuda por las obligaciones previsionales de los períodos imputados.
Sin embargo, la regularización informada no había producido, por sí sola, la extinción del proceso penal.
Durante 2024 también se registraron decisiones desfavorables a planteos recursivos vinculados con las medidas patrimoniales. El 19 de junio de ese año, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó una reposición interpuesta por Watchman, después de que un recurso anterior fuera tenido por desistido ante la inasistencia de la parte recurrente a una audiencia.
Debe aclararse que estas resoluciones no equivalen a una condena penal firme. Pero acreditan la existencia y gravedad de los antecedentes procesales que enfrentaron la empresa y uno de sus principales directivos.
La pregunta inevitable es qué controles fueron realizados sobre esos antecedentes al momento de contratar servicios privados de vigilancia.
LA NUEVA DENUNCIA FEDERAL: EL JUEZ ARIEL LIJO Y LOS CONTRATOS CON EMPRESAS PÚBLICAS
El escenario judicial sumó un nuevo capítulo durante octubre de 2026.
Una investigación publicada por iProfesional el 22 de octubre reveló que una denuncia contra Watchman Seguridad había quedado bajo análisis del juez federal Ariel Lijo, en una causa inicialmente identificada como averiguación de delito.
Según esa publicación, las actuaciones tuvieron origen en una comunicación recibida el 23 de septiembre de 2026 por la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISES), encabezada por el fiscal Guillermo Marijuan.
La presentación contenía acusaciones de considerable gravedad: presuntas irregularidades en contrataciones públicas, posibles incumplimientos previsionales, utilización cuestionada de procedimientos de crisis y sospechas de pagos indebidos a funcionarios.
Entre los organismos y empresas mencionados aparecían Trenes Argentinos, Correo Argentino, PAMI, Tandanor y ENERSA.
Las sospechas también apuntaban a una eventual diferencia entre la cantidad de vigiladores prevista contractualmente y la dotación efectivamente destinada a los servicios.
La hipótesis denunciada plantea una cuestión sensible para la contratación pública: si el Estado paga por determinada cantidad de personal y la prestación real resulta inferior, podría existir un perjuicio económico que debería ser investigado.
No obstante, hasta donde surge de la información pública consultada, esas maniobras permanecen como hipótesis denunciadas y no como hechos judicialmente demostrados.
La UFISES realizó requerimientos de información a organismos estatales y empresas involucradas. De acuerdo con lo informado por iProfesional, se logró corroborar la existencia de relaciones contractuales con Correo Argentino y ENERSA, así como la presentación de distintos procedimientos de crisis por parte de Watchman.
El 13 de octubre de 2026, las actuaciones fueron remitidas para su sorteo en la Justicia Federal y quedaron asignadas al juzgado de Ariel Lijo.
Esta nueva investigación no debe confundirse con la causa penal económica iniciada en 2019. Son antecedentes distintos, aunque comparten cuestionamientos relacionados con el cumplimiento de obligaciones previsionales.
La intervención de la Justicia Federal abre una etapa decisiva para determinar qué ocurrió realmente con los contratos, los trabajadores y los organismos públicos involucrados.
LOS PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS DE CRISIS: EL FOCO SE DESPLAZA HACIA UPSRA Y EL MINISTERIO DE TRABAJO
Uno de los aspectos más controvertidos de toda la investigación tiene que ver con la aplicación de procedimientos preventivos de crisis y acuerdos de suspensión de trabajadores.
Durante años, distintas organizaciones sindicales cuestionaron la utilización de estos instrumentos por empresas de seguridad privada que, paralelamente, mantenían importantes contratos comerciales.
Entre los sindicatos que colocaron la cuestión en la agenda se encuentra el Sindicato de Custodios (SUTCA), que viene denunciando las consecuencias laborales y previsionales de los procedimientos de crisis, reclamando controles sobre su utilización y cuestionando su continuidad en empresas como Watchman.
Los planteos gremiales sostienen que determinados mecanismos, presentados originalmente como instrumentos excepcionales para preservar puestos de trabajo, podrían utilizarse para modificar la estructura salarial y reducir obligaciones patronales sin una crisis suficientemente demostrada.
La investigación federal de octubre de 2026 volvió a colocar esa discusión en primer plano.
Según la información publicada entonces, la Secretaría de Trabajo había confirmado la presentación de varios procedimientos vinculados con Watchman. A esa fecha, se informaba de un acuerdo homologado y otros ocho expedientes todavía en trámite.
La documentación oficial permite verificar al menos uno de ellos.
Se trata de la Disposición 27/2026 de la Subsecretaría de Relaciones del Trabajo, firmada el 11 de febrero de 2026 y publicada en el Boletín Oficial el 18 de mayo del mismo año.
El acuerdo fue celebrado entre Watchman Seguridad S.A. y la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA).
La disposición homologó suspensiones bajo el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, con vigencia prevista desde el 1.º de agosto de 2025 por 120 días.
Establecía una asignación no remunerativa equivalente al 75% del salario, que según el propio texto debía representar el 100% de los haberes netos habituales del personal afectado.
Asimismo, mantenía determinadas obligaciones relacionadas con la obra social, los aportes sindicales y el Fondo de Ayuda Solidaria.
Pero el aspecto más significativo aparece en la fundamentación administrativa.
El organismo consideró que, al existir consentimiento del sindicato firmante, mediaba un reconocimiento tácito de la crisis empresaria, estimando innecesario exigir el cumplimiento de ciertos requisitos procedimentales.
Ese razonamiento abre un interrogante institucional de enorme importancia: ¿el consentimiento de un sindicato resulta suficiente para acreditar una crisis empresaria cuando están involucrados derechos laborales, obligaciones previsionales y recursos del sistema de seguridad social?
¿Se verificó efectivamente la documentación económica de la empresa? ¿Se controló qué trabajadores estaban suspendidos? ¿Se determinó si las tareas continuaban prestándose normalmente? ¿Se examinaron los contratos comerciales vigentes?
Y una cuestión adicional: ¿por qué la homologación administrativa se produjo en febrero de 2026 respecto de un período de suspensiones previsto para 2025?
Estas preguntas no demuestran una irregularidad por sí mismas, pero justifican una revisión completa de los expedientes.
EL IMPACTO SOBRE ANSES, ARCA Y LOS DERECHOS PREVISIONALES
La discusión sobre los acuerdos de crisis excede las diferencias entre una empresa y sus empleados.
Las asignaciones legalmente encuadradas como no remunerativas bajo el artículo 223 bis tienen un tratamiento previsional diferente al salario ordinario, con excepciones previstas para determinadas obligaciones de salud.
Por esa razón, su utilización reiterada puede tener consecuencias sobre la recaudación destinada al sistema previsional y sobre los antecedentes contributivos de los trabajadores, dependiendo de cómo hayan sido declarados los períodos y de las prestaciones correspondientes.
Aquí aparecen dos organismos fundamentales: ARCA, responsable de la recaudación y fiscalización de obligaciones tributarias y de seguridad social, y ANSES, que administra prestaciones y derechos del sistema previsional.
La existencia de un acuerdo homologado no demuestra automáticamente evasión ni desfinanciamiento ilegal. Para establecerlo sería necesario contrastar los recibos de sueldo, las declaraciones juradas F.931, los pagos efectivamente realizados, la situación de cada trabajador y los contratos de prestación de servicios.
Pero tampoco debería aceptarse que una homologación administrativa cierre definitivamente la discusión.
Si un trabajador continúa prestando tareas normales mientras percibe una asignación declarada como correspondiente a una suspensión, el encuadre utilizado podría ser cuestionable y requerir intervención fiscal y judicial.
El punto central es determinar si existió una crisis real y si el régimen excepcional fue aplicado exclusivamente a quienes correspondía.
Este escenario también coloca a UPSRA frente a una responsabilidad política y sindical.
¿Qué controles efectuó antes de prestar conformidad? ¿Cuántos trabajadores quedaron comprendidos? ¿Qué seguimiento realizó sobre las obligaciones previsionales? ¿Qué participación tuvieron los trabajadores afectados?
Los cuestionamientos alcanzan igualmente a la Secretaría de Trabajo y al Ministerio de Capital Humano, responsables de la intervención estatal en estos acuerdos.
En una actividad donde los aportes previsionales constituyen una preocupación histórica, no alcanza con homologar documentos. También resulta indispensable controlar su implementación.
SINDICATO DE CUSTODIOS: “NO NOS SORPRENDE. HAY MÁS DE 130 EMPRESAS BAJO CUESTIONAMIENTO Y MILES DE TRABAJADORES AFECTADOS”
Las denuncias vinculadas con Watchman no constituyen un episodio aislado dentro de la seguridad privada argentina.
Ante los antecedentes judiciales y administrativos conocidos, este medio procuró obtener precisiones de UPSRA sobre los acuerdos firmados y las responsabilidades asumidas en el proceso de homologación, sin recibir respuesta al cierre de esta edición.
También fueron consultadas otras fuentes sindicales de la actividad, sin que se obtuvieran declaraciones sobre los hechos examinados.
Quien sí expuso una posición contundente fue el secretario de Prensa del Sindicato de Custodios, Cristian Southwell, quien sostuvo que la situación de Watchman forma parte de un problema mucho más amplio que su organización viene denunciando desde hace años.
Desde el gremio explicaron que las presentaciones realizadas en distintos organismos nacionales no se limitan a una empresa en particular, sino que apuntan a un mecanismo que, según su interpretación, se ha extendido peligrosamente en el sector.
“Esta situación no nos sorprende. Desde el Sindicato de Custodios venimos denunciando desde hace mucho tiempo, en diferentes ámbitos administrativos y ante distintos organismos del Estado, la utilización de procedimientos preventivos de crisis que terminan afectando el salario de los trabajadores y, fundamentalmente, sus derechos jubilatorios”, expresó Southwell.
El SUTCA advirtió que Watchman es solamente una de las empresas comprendidas en los cuestionamientos sindicales.
“No estamos hablando de una sola empresa. Estamos hablando de más de 130 empresas de seguridad privada sobre las cuales venimos realizando presentaciones, reclamando investigaciones y denunciando las consecuencias de estos mecanismos. Estimamos que el universo de trabajadores potencialmente perjudicados podría superar ampliamente las 20.000 personas”, afirmó Southwell.
Las cifras corresponden a estimaciones de la organización sindical y requieren ser contrastadas con los expedientes administrativos y los registros laborales de las compañías involucradas.
Según explicó el vocero, uno de los principales reclamos apunta a la falta de respuestas oficiales sobre las presentaciones efectuadas.
“Esperamos que en algún momento el Ministerio de Trabajo nos conteste formalmente las denuncias y los planteos que venimos realizando. También hemos efectuado presentaciones ante ARCA y otros organismos competentes. Lo que estamos cuestionando es un sistema que, en nuestra opinión, permite a determinadas empresas reducir sus obligaciones laborales y previsionales bajo el argumento de una crisis económica que debería ser debidamente acreditada y controlada”, sostuvo.
Para el Sindicato de Custodios, la discusión debe concentrarse especialmente en el futuro previsional de los empleados.
“Hay trabajadores que cumplen normalmente sus jornadas laborales y después se encuentran con períodos o conceptos salariales que pueden perjudicarlos al momento de jubilarse. Eso es lo que nos preocupa. No se puede permitir que una empresa encuentre en un procedimiento excepcional un mecanismo habitual para disminuir sus costos mientras el perjuicio termina recayendo sobre el trabajador”, señaló Southwell.
El representante sindical también reclamó mayor intervención de los organismos nacionales y provinciales, especialmente en aquellos casos donde las compañías mantienen contratos importantes con entidades públicas.
“Si una empresa verdaderamente atraviesa una crisis, debe demostrarla. Y el Estado tiene la obligación de controlar. Lo que no puede suceder es que se homologuen acuerdos sin que exista un seguimiento efectivo sobre las condiciones de trabajo, las remuneraciones y los aportes previsionales”, agregó.
La organización considera que el debate debe superar la discusión sobre la legitimidad formal de los acuerdos y concentrarse en sus efectos económicos y sociales.
El planteo sindical abre una cuestión de alcance nacional: cuántos trabajadores podrían estar registrando menores bases contributivas como consecuencia de acuerdos de suspensión y cuáles serían sus consecuencias sobre futuras jubilaciones y prestaciones previsionales.
LOS RECLAMOS GREMIALES QUE ANTICIPARON LA CONFLICTIVIDAD
Mientras el debate judicial avanzaba, distintas organizaciones sindicales ya venían exponiendo conflictos vinculados con Watchman.
El Sindicato de Custodios había incluido públicamente a la empresa entre los objetivos de su agenda de reclamos, señalando diferencias salariales, presuntas situaciones de hostigamiento sindical y cuestionamientos a la continuidad de los procedimientos preventivos de crisis.
En noviembre de 2025, la organización también había difundido su decisión de profundizar denuncias contra empresas y clientes por las consecuencias previsionales de estos mecanismos en el conjunto de la seguridad privada.
Esos antecedentes permiten señalar que la discusión sobre los procedimientos de crisis no comenzó con la reciente intervención de la Justicia Federal. Ya formaba parte de reclamos impulsados desde el sector sindical.
A su vez, SUTCAPRA, organización con presencia en la vigilancia ferroviaria, ha desarrollado reclamos relacionados con trabajadores de Watchman.
Entre ellos se registran medidas de fuerza y presentaciones por salarios, reincorporaciones y diferencias económicas.
En abril de 2026, el sindicato informó gestiones ante Trenes Argentinos por compromisos vinculados con el bono COVID y el adicional ferroviario, involucrando a personal de Watchman y Murata.
El Sindicato de Seguridad e Investigaciones Privadas (SSIP) también aparece mencionado en publicaciones periodísticas por reclamos relacionados con atrasos salariales.
La diversidad de conflictos y organizaciones intervinientes plantea un problema que trasciende cualquier disputa de representación sindical.
Cuando reclamos semejantes surgen desde distintos sectores y objetivos, corresponde analizar si se trata de hechos aislados o de deficiencias estructurales en la administración laboral de una compañía.
SENTENCIAS LABORALES: DESPIDOS, INDEMNIZACIONES Y DISCRIMINACIÓN
Los cuestionamientos gremiales encuentran otro punto de análisis en diferentes sentencias judiciales que involucraron a Watchman Seguridad.
En la causa “Argañaraz, Walter Hernán c/ Watchman Seguridad S.A. s/ despido”, expediente CNT 050295/2024, el Juzgado Nacional del Trabajo N.º 35 dictó sentencia el 25 de agosto de 2026.
El tribunal consideró que la empresa no había acreditado suficientemente la causa invocada para despedir al trabajador y dispuso una condena de $14.199.721,12, más intereses, costas y honorarios.
Otro expediente, “Ledezma, Pablo Emilio c/ Watchman Seguridad S.A. y otros s/ despido”, CNT 034624/2024, finalizó en primera instancia con una condena parcial contra Watchman por $1.804.454,86, más actualización e intereses, mediante resolución del 15 de septiembre de 2025.
En ese caso, la demanda incluía diversos reclamos laborales, aunque no todos prosperaron y la acción contra CI5 S.A. fue rechazada.
A estos antecedentes se suma un pronunciamiento particularmente sensible.
El 12 de junio de 2026, la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dictó resolución en el expediente “F. C. M. c/ Watchman Seguridad S.A. y otros s/ despido”, número 13917/2020/CA1.
El fallo abordó el despido de una trabajadora embarazada y concluyó que existían elementos suficientes para considerar que la desvinculación había tenido carácter discriminatorio.
El tribunal reconoció la procedencia de la indemnización especial del artículo 182 de la Ley de Contrato de Trabajo y vinculó la exclusión laboral por maternidad con una situación de violencia de género.
Es necesario diferenciar estas sentencias laborales de los procedimientos penales: tienen objetos, pruebas y consecuencias jurídicas diferentes.
Sin embargo, consideradas en conjunto, muestran la importancia de examinar las prácticas de contratación, liquidación salarial, desvinculación y cumplimiento de los derechos de los empleados.
TRES SOCIEDADES, DIRECTIVOS COMUNES Y UNA ESTRUCTURA QUE MERECE SER EXAMINADA
La investigación también encontró elementos societarios relevantes.
Los registros públicos permiten identificar al menos tres sociedades relacionadas por sus denominaciones y por la presencia de Alfredo Eugenio Enjuto y Norberto Damián Améndola en sus estructuras.
La primera es Watchman Seguridad S.A., CUIT 30-70738606-8, constituida en el año 2000. Una publicación del Boletín Oficial del 24 de febrero de 2026 registra la designación de Enjuto como presidente y de Améndola como director suplente.
La segunda es Seguridad Watchman S.A., CUIT 30-71221490-9, constituida en 2011. En un aviso oficial publicado en octubre de 2024 aparece Améndola como presidente y Enjuto como director suplente.
La tercera sociedad es Watchman Región Sur S.A., CUIT 30-71822148-6, constituida en 2023, con participación de ambos empresarios.
En abril de 2026, el Boletín Oficial de Neuquén publicó la apertura de una sucursal de Watchman Región Sur en esa provincia, aprobada mediante una decisión societaria de julio de 2025.
La coincidencia de directivos y la existencia de sociedades con denominaciones semejantes merecen un análisis sobre la distribución de servicios, personal, contratos y responsabilidades.
¿Bajo qué CUIT se contrata cada objetivo? ¿Qué sociedad registra a los trabajadores? ¿Existen transferencias de personal o contratos entre ellas? ¿Cómo se distribuyen las obligaciones salariales, fiscales y previsionales?
La existencia de varias sociedades bajo directivos comunes es legal y no constituye, por sí misma, una maniobra fraudulenta. Tampoco demuestra que una empresa haya cambiado repetidamente de razón social para eludir obligaciones.
Pero sí justifica revisar las relaciones jurídicas efectivas entre las compañías, especialmente ante denuncias laborales y previsionales.
Lo verdaderamente relevante no es cuántas sociedades existen, sino quién asume las obligaciones frente al trabajador y quién responde cuando esas obligaciones se incumplen.
CAESI Y CAESBA BAJO CUESTIONAMIENTO: ¿QUIÉN CONTROLA LA ÉTICA EMPRESARIAL DE LA SEGURIDAD PRIVADA?
La controversia que rodea a Watchman Seguridad también comienza a proyectarse sobre las organizaciones empresariales que representan a la actividad.
Entre ellas aparece la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI), una de las principales entidades empresarias del sector, y la Cámara de Empresas de Seguridad de Buenos Aires (CAESBA), que representa intereses empresarios de la actividad en territorio bonaerense.
El dato más significativo surge de la propia composición de la conducción de CAESI.
De acuerdo con la nómina institucional publicada por la entidad, Fernando Pesce, representante de Watchman Seguridad S.A., ocupa la presidencia de CAESI, mientras que Norberto Améndola, también vinculado a Watchman, integra la conducción como protesorero.
La representación de Watchman se extiende a otras funciones internas de la cámara, incluyendo la comisión revisora de cuentas.
Esta circunstancia adquiere especial relevancia frente a los antecedentes judiciales y administrativos que involucran a la empresa.
La pertenencia a una cámara empresarial no constituye una irregularidad, como tampoco la existencia de un procesamiento penal implica automáticamente una incompatibilidad para desempeñar cargos institucionales.
Sin embargo, abre una discusión inevitable sobre los mecanismos internos de evaluación, transparencia, responsabilidad y ética empresarial.
¿Qué estándares aplica CAESI para evaluar la trayectoria de sus dirigentes? ¿Existen procedimientos internos para analizar situaciones judiciales relevantes? ¿Se exige a las empresas asociadas acreditar el cumplimiento de sus obligaciones previsionales y laborales?
La propia CAESI informa en su estructura institucional la existencia de un Tribunal Arbitral y de Ética.
La pregunta es qué intervenciones concretas ha desarrollado ese organismo frente a situaciones de incumplimiento laboral o previsional comprobado y qué mecanismos de transparencia permiten conocer su actuación.
El cuestionamiento alcanza también, desde una perspectiva sectorial, a CAESBA y a las restantes organizaciones empresariales que participan en la elaboración de propuestas, acuerdos y políticas destinadas a regular la seguridad privada.
No se ha acreditado que Watchman ocupe la presidencia de CAESBA, ni que esa entidad haya intervenido en los expedientes judiciales mencionados. Lo que se plantea es una exigencia de transparencia y rendición de cuentas que debería alcanzar a todas las cámaras del sector.
La dura posición del Sindicato de Custodios: “La ética no puede ser solamente un discurso”
Consultado sobre la participación de representantes de empresas cuestionadas judicialmente en los órganos de conducción de las cámaras empresariales, el secretario de Prensa del Sindicato de Custodios, Cristian Southwell, expresó una posición particularmente crítica.
“Nos llama poderosamente la atención que cámaras empresariales como CAESI, que permanentemente hablan de institucionalidad, transparencia, legitimidad y profesionalización de la seguridad privada, no den explicaciones públicas suficientes sobre los antecedentes judiciales y laborales de las empresas que ocupan cargos de conducción. Especialmente cuando estamos hablando de una compañía cuyos representantes tienen una participación central en la dirección de la cámara”, sostuvo.
El vocero sindical cuestionó además la falta de resultados públicos que, según su organización, exhiben los mecanismos internos de ética del sector empresario.
“Hace años que escuchamos hablar de departamentos y tribunales de ética empresarial. Pero nosotros nos preguntamos qué funcionamiento real han tenido históricamente frente a las irregularidades que afectan a miles de trabajadores. ¿Cuáles fueron las investigaciones internas? ¿Qué medidas adoptaron? ¿Qué empresas fueron observadas o sancionadas? Porque la ética no puede ser solamente una declaración institucional que después no tiene consecuencias”, planteó.
Desde el sindicato también reclamaron coherencia entre el discurso público de las cámaras y las prácticas que deben exigir a sus propios asociados.
“Resulta muy fácil cuestionar públicamente a los sindicatos, hablar de representatividad, exigir transparencia y pretender establecer las reglas de funcionamiento de toda una actividad. Pero antes de señalar a los demás deberían mirar hacia adentro, revisar con quiénes comparten sus mesas directivas y preguntarse si todos cumplen con los estándares que dicen defender”, expresó Southwell.
La crítica sindical fue más allá de una empresa determinada y apuntó al modelo institucional de representación empresaria.
“Cuando los dirigentes de las cámaras se sientan a discutir el futuro de la seguridad privada, los costos de los servicios, los convenios colectivos y las condiciones laborales, tienen una enorme responsabilidad social. No pueden pretender una actividad profesional y transparente si no están dispuestos a exigir esos mismos principios a sus propios integrantes”.
En ese contexto, desde el Sindicato de Custodios consideraron que existe una contradicción entre determinados discursos empresariales y las respuestas que reciben los trabajadores frente a sus reclamos.
“Hay un nivel de hipocresía institucional que resulta verdaderamente preocupante. Se habla permanentemente de legalidad, transparencia y responsabilidad social, pero cuando aparecen expedientes judiciales, reclamos previsionales o denuncias laborales, cuesta encontrar explicaciones y posiciones institucionales claras. Lo que algunos proclaman con una mano, terminan borrándolo con el codo. Y eso es vergonzoso para una actividad que pretende profesionalizarse”, afirmó el secretario de prensa.
Finalmente, el sindicato reclamó que las organizaciones empresariales asuman un compromiso más activo en el control de la actividad.
“No alcanza con defender intereses comerciales o discutir tarifas. Las cámaras empresariales tienen que demostrar que están comprometidas con una seguridad privada seria, legal y profesional. Eso implica exigir que las empresas cumplan con los salarios, los aportes previsionales, las condiciones laborales y las obligaciones que asumen frente al Estado y sus clientes”, concluyó Southwell.
El señalamiento introduce un nuevo interrogante: ¿puede una actividad avanzar hacia una verdadera profesionalización si sus organizaciones empresariales no cuentan con mecanismos públicos, eficaces y transparentes para evaluar la conducta de sus integrantes?
Las cámaras empresariales tienen derecho a defender a sus asociados. Pero también deberían explicar qué estándares internos aplican y cómo compatibilizan la representación sectorial con la necesidad de garantizar condiciones de competencia leal y respeto por la legislación laboral.
La situación de Watchman constituye una oportunidad para abrir una discusión que el sector viene postergando: el lugar que ocupa la ética empresarial cuando existen denuncias, incumplimientos acreditados y responsabilidades institucionales que requieren explicaciones.
CONTRATOS PÚBLICOS, EXPANSIÓN EMPRESARIAL Y LA PREGUNTA POR LOS CONTROLES
Watchman no es una empresa pequeña ni limitada a un único mercado.
Su actividad comprende servicios de vigilancia en organismos públicos, entidades financieras, industrias, centros comerciales, instituciones sanitarias y urbanizaciones privadas.
La presencia de una compañía en contratos relevantes con organismos del Estado exige especial atención respecto del cumplimiento laboral y previsional.
Una empresa que factura servicios de seguridad no solamente vende horas de vigilancia. También asume obligaciones vinculadas con salarios, aportes, contribuciones, seguros, habilitaciones y condiciones operativas.
La nueva denuncia judicial apunta precisamente a investigar si existieron diferencias entre determinados servicios contratados y los efectivamente prestados.
Por otra parte, en septiembre de 2026, el ENACOM otorgó a Watchman Seguridad S.A. una licencia para la prestación de servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones.
Ese antecedente refleja la búsqueda de nuevas áreas de actividad y vuelve más relevante la pregunta sobre el modelo de expansión empresarial.
¿Cómo se compatibilizan nuevos proyectos comerciales con presentaciones reiteradas de acuerdos de crisis? ¿Qué capacidad económica fue acreditada para sostener la actividad? ¿Qué información reciben los clientes sobre las condiciones de empleo de quienes trabajan en sus instalaciones?
Son interrogantes legítimos que requieren respuestas documentales.
¿OTRA GRAN CRISIS EN PUERTA?
La historia reciente de la seguridad privada argentina demuestra que el tamaño empresarial no garantiza estabilidad.
CODECOP y SISEG constituyen antecedentes concretos de compañías que terminaron atravesando procesos de quiebra.
La situación de Watchman todavía es distinta: no existe documentación suficiente para afirmar que se encuentre ante una quiebra inminente.
De hecho, los datos comerciales disponibles a septiembre de 2026 mostraban obligaciones financieras bancarias relevantes, pero clasificadas en situación normal por las entidades informantes.
Por eso, la existencia de endeudamiento no debe confundirse automáticamente con insolvencia.
Lo que sí aparece documentado es una acumulación de antecedentes que reclama explicaciones.
Una causa penal económica por aportes retenidos, embargos millonarios, nuevas denuncias federales, acuerdos de suspensión, sentencias laborales adversas y reclamos sindicales en distintos servicios.
La preocupación central no debería ser únicamente qué ocurrirá con los propietarios de la empresa.
La verdadera pregunta es qué pasaría con los trabajadores, sus salarios, sus aportes jubilatorios y sus puestos de trabajo si la situación empresarial se agravara.
Y también qué responsabilidad les correspondería a los organismos públicos y clientes privados que contratan servicios sin controlar suficientemente las obligaciones laborales de sus proveedores.
EL SILENCIO DE UNA ACTIVIDAD Y LAS RESPONSABILIDADES QUE DEBEN INVESTIGARSE
La seguridad privada argentina lleva años discutiendo sus problemas estructurales: salarios insuficientes, jornadas extensas, falta de controles, conflictos por representación sindical, empresas que atraviesan procesos de crisis y trabajadores que descubren irregularidades previsionales cuando intentan jubilarse.
El caso Watchman concentra buena parte de esas preocupaciones.
Los antecedentes judiciales no autorizan a declarar culpables a quienes todavía no recibieron una condena penal firme, ni a atribuir responsabilidad criminal a funcionarios o dirigentes sindicales sin pruebas.
Pero tampoco justifican el silencio.
Corresponde determinar qué ocurrió con los aportes previsionales investigados en la causa iniciada en 2019, cuál es su situación judicial actual, qué resultados arroja la nueva investigación federal, cómo fueron implementados los acuerdos homologados con UPSRA y si existió un perjuicio concreto para trabajadores o recursos públicos.
También será necesario establecer qué controles realizaron ARCA, la Secretaría de Trabajo, las empresas contratantes y los organismos responsables de fiscalizar la actividad.
La empresa y los demás involucrados deben tener oportunidad de brindar sus explicaciones y ejercer su derecho de defensa.
La Justicia tendrá que determinar si las nuevas denuncias poseen sustento penal. Los organismos de control deberán establecer si se cumplieron las obligaciones laborales y previsionales.
Por su parte, las cámaras empresariales deberán responder a un debate que ya no puede limitarse a los costos operativos o a las disputas con los sindicatos: qué clase de empresas pretenden representar y cuáles son los principios que efectivamente están dispuestas a hacer cumplir.
Pero hay una conclusión que no necesita esperar una sentencia:
En la seguridad privada, ninguna expansión empresarial debería sostenerse a costa de los derechos de quienes trabajan, y ninguna crisis debería convertirse en un mecanismo habitual para trasladar riesgos y costos a los trabajadores o al sistema previsional.
Después de CODECOP y SISEG, el sector tiene suficientes antecedentes para comprender que mirar hacia otro lado puede terminar siendo demasiado costoso.
La situación de Watchman abre una nueva prueba para empresarios, organizaciones sindicales, organismos estatales y grandes contratantes.
Porque el verdadero escándalo no sería solamente descubrir una irregularidad.
Sería comprobar que existieron advertencias, denuncias y expedientes durante años sin que los mecanismos de control resultaran suficientes para prevenir daños.
La pregunta que queda abierta es contundente: ¿estamos frente a una compañía que podrá explicar y superar sus cuestionamientos, o ante las primeras señales de otra crisis que volverá a encontrar a los trabajadores como principales perjudicados?
Documentación principal de esta investigación:
* Poder Judicial de la Nación: causa CPE 1233/2019/TO1 y resolución del 19/02/2024.
* Cámara Federal de Casación Penal: resolución del 19/06/2024, registro 690/24.4.
* Ministerio de Capital Humano: Disposición 27/2026 y expediente EX-2025-85414932.
* Boletines oficiales societarios de 2023, 2024 y 2026.
* Boletín Oficial de Neuquén del 30/04/2026: Watchman Región Sur S.A.
* Justicia Nacional del Trabajo: expedientes CNT 050295/2024, CNT 034624/2024 y 13917/2020/CA1.
* Investigación de iProfesional del 22/10/2026 sobre la intervención de UFISES y el juzgado federal de Ariel Lijo.
* Registros institucionales de CAESI y CAESBA sobre sus respectivas autoridades.
* Comunicaciones públicas del Sindicato de Custodios y de SUTCAPRA referidas a procedimientos de crisis, aportes y conflictos laborales.
