Trabajadores de seguridad privada anunciaron movilización al Ministerio de Trabajo
Distintos sectores de la seguridad privada anunciaron que movilizarán al Ministerio de Trabajo, según se informó a través de un cable enviado a varias agencias de noticias.
Los manifestantes convocarán a partir del mediodía de hoy en la cartera laboral de Alem 650 argumentando que algunos funcionarios del Ministerio estarían dilatando la normalización del sindicato UPSRA el cual, según un fallo de la justicia laboral, sus autoridades tienen el “mandato ampliamente cumplido”. La sentencia de la Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo , (CNAT) emitida el pasado 17 de agosto, ordenaba a la cartera comandada por Kelly Olmos a implementar los procesos necesarios para encarar la normalización del sindicato, el cual esta privado de elecciones democráticas desde el año 2012 debido a intervenciones en la era macrista y por extrañas indefiniciones judiciales y políticas que generan ciertas suspicacias y sospechas de algún tipo de complicidades o intereses por parte de los organismos estatales que deberían encargarse de la normalización del gremio.
El caso UPSRA ha llegado hasta la misma Corte Suprema de Justicia, la cual sólo se limitó a dictaminar que las intervenciones del entonces Ministro Jorge Triaca fueron nulas y carecían de validez, pero excepto lo dictaminado por la CNAT que resolvió que el sindicato debía encarar el proceso democrático, no hubo pronunciamiento por parte del máximo tribunal argentino sobre la libertad sindical conferida por la Constitución Nacional y las diversas leyes que regulan ese derecho de los trabajadores.
Para clarificar la situación institucional del gremio, los trabajadores que encabezaran las protestas expresaron que “las actuales autoridades de UPSRA tienen el mandato cumplido. Si está cumplido significa que vencieron los plazos del gobierno de Ángel García. Si vencieron, la organización sindical está sin conducción, ósea está acéfala,” sostuvieron. “La ley de Asociaciones Sindicales establece un procedimiento en caso de acefalia de una entidad gremial y confiere a la autoridad de aplicación, el Ministerio de Trabajo, la potestad de intervenir y garantizar los procesos democráticos. Tristemente, los mayores afectados por la acefalia que impera en UPSRA es el colectivo de los casi 250.000 trabajadores de la actividad, ya que se da en el marco de uno de los momentos más álgidos que atraviesa el sector, debido a los bajos salarios producto de los acuerdos y las continuas negociaciones paritarias a la baja que viene celebrando Ángel García con sus históricos socios de la cámara patronal y que legaliza el Ministerio de Trabajo, como la absorción del bono que dio el gobierno, los preventivos de crisis que le dan la posibilidad de retener los aportes jubilatorios de los trabajadores a una multinacional que alega problemas financieros inexistentes, o los acuerdos de salarios por debajo de la escala salarial vigente a nivel nacional recientemente firmados entre García y empresas de la provincia de Salta, convalidado por el Ministerio de Trabajo y que viola descaradamente las leyes laborales que le impiden homologar convenios que sean desfavorables a las condiciones actuales de los trabajadores; la pérdida del poder adquisitivo producto de la terrible devaluación de nuestra moneda, y la crítica situación de OSPSIP, nuestra obra social, la cual fue intervenida en 2021 por el desfalco que produjo Ángel García y la gravedad sanitaria atravesada por los afiliados, los cuales no tenían atención por la falta de prestadores médicos y que continuó profundizándose sistemáticamente por las intervenciones dispuestas por el Estado Nacional y la Superintendencia de Servicios de Salud, los cuales no sólo no resolvieron la problemática ni sanearon la entidad, si no que por el contrario, continuaron el saqueo de los fondos de los beneficiarios de OSPSIP. Hay informes de auditoria realizadas que mencionan el faltante de millones de dólares”, expresaron los trabajadores indignados por el accionar delictivo de los administradores de la prestadora de salud, que envuelve en un escándalo de magnitud nacional y salpican a la polémica y ampliamente cuestionada Superintendencia de Servicios de Salud, a importantes e históricos dirigentes sindicales, a funcionarios públicos y de varios ministerios, inclusive, al mismo titular del Ejecutivo Nacional, Alberto Fernández, por firmar los decretos que prolongaron durante más de dos años las intervenciones en OSPSIP.
La situación en la obra social de los vigiladores se ha agravado a tal punto que según denunciaron desde adentro de OSPSIP, ya no habría médicos para atender a los afiliados, provocando una grave falta de prestadores y corroboraría las noticias emitidas en distintos medios nacionales como C5N, que en la jornada de ayer expusieron la crisis que atraviesa la prestadora de salud y el vaciamiento sufrido, según los informes realizados por el anteúltimo interventor, Jorge Alonso, un experto en intervenciones que estuvo dentro del tridente que desplazó al “Caballo Suarez” en el SOMU, en la época cuando la envestida macrista conocida por la “gestapro” fue en contra de dirigentes y gremios. Alonso, según los informes televisivos que salieron a la luz ayer, debió renunciar a su cargo por extrañas razones. ¿Acaso hubo presiones del poder político y las mafias de algunos importantes dirigentes gremiales?. “No, no sea mal pensado, fue por razones médicas”, respondió con un sesgo de ironía un empleado de OSPSIP, el cual pidió expresamente la reserva de su identidad, quien asegura haber “vivido en primera persona la sucesión de extraños y sospechosos movimientos dentro de la obra social durante la gestión de Ángel García y luego durante los dos años de intervención por parte del estado”, y que da la impresión de saber más de lo que cuenta.
Respecto a éstas repercusiones en los canales y portales de información, desde la Agrupación 9 de Julio que lidera el alfil que posee el moyanismo en la seguridad privada, Christian López, los diversos sectores gremiales, agrupaciones y las distintas ramas que componen la actividad, y que movilizarán hoy al Ministerio de Trabajo, apuntaron como responsables a funcionarios de algunas áreas de la cartera laboral: “los organismos de control que deben garantizar la democracia en los gremios son hoy los únicos responsables por el saqueo del patrimonio de los laburantes. La justicia ya puso punto final a las indefiniciones que pesaban sobre el gremio, ahora hay sectores del Ministerio que deben proceder a cumplir la orden que dio la Justicia y no lo hacen, siguen dilatando los tiempos, siendo que la sentencia de la CNAT resolvió textualmente la “urgente remisión de las presentes actuaciones al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación a efectos que se dispongan los mecanismos necesarios para que la organización sindical pueda llevar adelante el proceso electoral correspondiente de conformidad a lo dispuesto por la ley de Asociaciones Sindicales”, citaron y prosiguieron: “Hay mucha bronca entre los trabajadores de seguridad privada, venimos advirtiendo desde hace meses los negociados que habían en la obra social y en el sindicato, pero aún así los funcionarios eligieron mirar para otro lado, hasta optaron por dilatar los tiempos y hacer caso omiso a una sentencia judicial. Ahora, nosotros los trabajadores, nos preguntamos porque el Ministerio de Trabajo sigue sosteniendo a un dirigente que se atornilló en su sillón y que se resiste a cumplir las leyes: ¿habrán otros intereses de por medio que incluirán la devolución de favores o el pago de dádivas a algunos funcionarios por hacer la vista gorda y permitir estas ilegalidades de un dirigente cuyo mandato como Secretario General esta sin vigencia dentro del gremio?”, expresaron con dudas los trabajadores y se repreguntaron: “¿Quien puede explicar el patrimonio de Ángel García y su familia? ¿Los viajes, las propiedades, los vehículos de lujo que trascendieron en varios medios en esta semana?”, expresaron. “Todo esto fue el punto para convocar a los trabajadores de diversos sectores de la seguridad privada. Hemos llevado a cabo una asamblea de urgencia a última hora de ayer para analizar la situación, coincidimos que la situación no da para mas y que amerita acciones tendientes a ponerle un punto final a esto” expresaron desde la Agrupación 9 de Julio, uno de los sectores que se reunieron para evaluar la crisis institucional que atraviesa el gremio, “los distintos espacios que componen esta nueva unidad de los trabajadores de seguridad privada decidimos por votación unánime, marchar al Ministerio de Trabajo de la calle Alem. Resolvimos que no tener una respuesta favorable a nuestros legítimos reclamos, será el puntapié inicial de un plan de lucha nacional que sin dudas afectará los principales puntos de la economía nacional donde tiene presencia la seguridad privada. Lo lamentaremos por los políticos que no quieren pasar apuros en esta etapa de la campaña. Quien dice ser peronista y no gobierna para los intereses de los trabajadores, es un traidor al legado de Perón”, advirtieron los manifestantes en diálogo exclusivo con este medio.
Como adelantábamos anteriormente, la movilización está siendo convocada por sectores encuadrados en distintos espacios opositores al actual oficialismo de Ángel García, entre ellos, trabajadores de las ramas de controladores de admisión y permanencia, custodios, de la seguridad electrónica, del ámbito ferroviario, del sector de trabajadores autoconvocados, delegados de la provincia de Buenos Aires y afiliados a UPSRA que responden a la Agrupación 9 de Julio, siendo estos últimos, promotores del fallo judicial de la Sala IX de la CNAT, mencionado anteriormente en esta nota, y de las impugnaciones a la asamblea llena de irregularidades que intento convocar Ángel García el pasado 20 de septiembre, con la intención de modificar el estatuto interno del gremio para perpetuarse en el cargo. El sector mas combativo de la seguridad privada se ha unido para llevar adelante los reclamos en el Ministerio de Trabajo y prometen una jornada cargada de protestas, de posibles cortes que, según anunciaron, promete paralizar la circulación en la zona del sector bancario del microcentro porteño, un área sensible que atraviesa por estas horas una gran crisis producto de las corridas bancarias, y el inicio de un plan de lucha nacional que tendrá como objetivo los principales puntos de la economía nacional, “es por el derecho de los trabajadores a la tan ansiada democracia sindical en UPSRA, algo que nos privaron los políticos con sus indefiniciones y complicidades”, sostuvieron. “En el Sindicato UPSRA habrá normalización y los trabajadores tendremos democracia sindical. Será pura y exclusiva responsabilidad de los funcionarios del Ministerio de Trabajo elegir que sea por las buenas o por las malas”, alertaron y avisaron que “los trabajadores ya agotamos la paciencia y haremos tronar el escarmiento a aquellos que dicen pertenecer a un gobierno peronista y obran en contra del pueblo trabajador”, finalizaron.
