SIGUEN APORTANDO DATOS SOBRE LA “MAFIA” DE LOS PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS DE CRISIS EN LA SEGURIDAD PRIVADA
De a poco surgen nuevas pistas sobre el funcionamiento de un circuito que, bajo la figura legal del Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), estaría operando como un sistema estructurado que involucra a sectores sindicales, empresariales y funcionarios. El esquema —según múltiples fuentes— configuraría un “negocio redondo” que impacta directamente sobre los trabajadores y que incluso alcanzaría a organismos clave del Estado nacional.
Una crisis que no se detiene
La crisis de la seguridad privada continúa y parece no tener fin. Mientras se acumulan denuncias en distintos juzgados, también se analiza la presentación de actuaciones ante la Auditoría General de la Nación y la Unidad de Información Financiera, además de denuncias impulsadas por trabajadores ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. ARCA
Desde sectores gremiales afirman que se está trabajando firmemente en la consolidación de pruebas para llevar ante la Justicia a todos los actores involucrados en este presunto entramado.
El funcionamiento del circuito bajo la lupa
Según testimonios, documentos preliminares y reconstrucciones que comenzaron a circular en ámbitos gremiales y judiciales, los Procedimientos Preventivos de Crisis habrían dejado de ser una herramienta excepcional para transformarse en un mecanismo sistemático.
Distintas fuentes sostienen que el circuito estaría centralizado en áreas vinculadas a la Jefatura de Gabinete, donde un funcionario identificado como “ SEÑOR Pablo G.”, con permanencia en distintas administraciones a lo largo de más de dos décadas, sería señalado como una de las piezas clave dentro del engranaje administrativo.
En paralelo, se menciona la existencia de equipos de “gestores y recaudadores” que operarían en el sector privado, ofreciendo a empresas el acceso a estos procedimientos “con todo aceitado” garantizando —según estas versiones— que los expedientes avancen rápidamente entre los organismos intervinientes.
El esquema, de acuerdo a estas líneas de investigación, incluiría la implementación de un canon mensual calculado en función del ahorro generado por la reducción de aportes previsionales y cargas sociales. Dicho pago —según los testimonios— se realizaría de manera periódica y bajo condiciones estrictas, constituyendo un elemento central del circuito.
Intermediarios, vínculos y expansión
Dentro de estas versiones aparece mencionado un abogado del sector, conocido como “Requena” quien actuaría como uno de los intermediarios en el sistema. Fuentes lo vinculan a un empresario de seguridad privada que recientemente habría estado al frente de una firma del rubro que atravesó un proceso de quiebra, así como también a una de las empresas de seguridad más importantes del litoral, con conexiones políticas en provincias del norte del país.
Asimismo, distintas versiones sostienen que el circuito tendría ramificaciones que alcanzarían ámbitos del Ministerio de Economía y del Ministerio de Capital Humano, e incluso que existirían derivaciones hacia estructuras sindicales del sector.(EL GREMIO DE LA SEGURIDAD PRIVADA)
Un sistema económico paralelo
Las mismas fuentes describen la posible existencia de circuitos de recaudación paralelos, donde los fondos obtenidos se moverían entre distintos actores del sistema. Incluso se mencionan prácticas informales de conversión de dinero fuera de los canales tradicionales, lo que podría abrir la puerta a investigaciones de carácter financiero.
El impacto: trabajadores sin aportes
El efecto más grave de este esquema se refleja en los trabajadores. Muchos de ellos, al iniciar sus trámites jubilatorios, detectaron faltantes de aportes previsionales correspondientes a los períodos en los que sus empleadores estaban bajo PPC.
Esto no solo retrasa o impide la jubilación, sino que evidencia un perjuicio estructural que impacta directamente en miles de familias.
Empresas que obtuvieron aprobación de PPC en los ultimos meses ,estas se suman al listado de otras 130 empresas del sector
FPI
En Acción
MAWE
Grupo Comahue
CONADPER
OPC Seguridad SRL
Maxsegur
GEPSA Seguridad
Transbox SRL (Neuquén)
Seguridad Herez SRL
MV Seguridad
Alpha Team
Albosa
Watchman
CyR
Impacto Protection
Start Seguridad
Segutrans
Locksys S.A.
Estas firmas formarían parte de un universo más amplio que está siendo analizado en distintas jurisdicciones.
Expansión nacional y responsabilidades
El fenómeno no se limita a la provincia de Buenos Aires. Distintas provincias registran esquemas similares, e incluso se habla de modelos provinciales replicados con características propias.
También se encuentra bajo análisis el rol de los clientes —tanto públicos como privados— que contrataban servicios de estas empresas, y que podrían quedar alcanzados por responsabilidades solidarias si se comprueba que tenían conocimiento de estas condiciones.
Un caso que puede escalar
Con nuevas pruebas en preparación, denuncias en marcha y organismos de control en la mira, el caso de los Procedimientos Preventivos de Crisis podría escalar a uno de los mayores conflictos gremiales y judiciales del sector en los últimos años.
Lo que debía ser una herramienta para sostener el empleo en contextos de crisis, hoy aparece bajo investigación como un sistema que podría estar generando beneficios para unos pocos, mientras deja a miles de trabajadores sin aportes, sin derechos y sin futuro previsional
