El Sindicato de Custodios pone a la empresa de seguridad privada Murata al borde de una denuncia penal por incumplir una orden judicial
La empresa fue nuevamente intimada por la Justicia para reincorporar a un delegado sindical. Si persiste el incumplimiento, el Sindicato de Custodios anticipó que impulsará nuevas acciones legales, incluida una eventual denuncia penal.
El Sindicato de Custodios volvió a obtener un importante avance judicial en la causa que mantiene contra Murata S.A., una de las empresas de seguridad privada con las que sostiene desde hace tiempo una disputa por la defensa de la libertad sindical y la reincorporación de un delegado gremial.
En una nueva resolución, el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N.º 42 intimó nuevamente a la empresa para que, en el plazo fijado por la Justicia, proceda a la reincorporación del delegado Lucio Nicolás Barrios Suárez, bajo apercibimiento de la aplicación de sanciones económicas (astreintes). De persistir el incumplimiento, desde el Sindicato de Custodios advirtieron que analizarán avanzar con nuevas acciones legales, incluyendo una eventual denuncia penal por desobedecer una orden judicial.
Para la organización sindical, este nuevo pronunciamiento representa otro paso firme dentro de una larga batalla legal que viene llevando adelante contra una empresa que, según sostienen, se ha negado sistemáticamente a respetar la libertad sindical, la representación de los trabajadores y las resoluciones dictadas por la Justicia.
Desde el sindicato señalaron que este caso constituye un precedente de enorme importancia para toda la actividad de la seguridad privada, ya que reafirma que ninguna empresa puede impedir que los trabajadores ejerzan libremente sus derechos constitucionales, elijan a sus representantes gremiales o participen activamente de la vida sindical.
Asimismo, remarcaron que estos resultados demuestran el trabajo sostenido que la organización viene desarrollando en los ámbitos gremial, administrativo, político y judicial, defendiendo los derechos de los trabajadores dentro del marco de la legalidad y el respeto por las instituciones. En ese sentido, afirmaron que, aun en un contexto de reformas laborales y debates sobre la protección de los derechos laborales, la Justicia continúa reconociendo la plena vigencia de las garantías constitucionales vinculadas a la libertad sindical.
Para el Sindicato de Custodios, la conducta adoptada por Murata no solo implica un conflicto con un trabajador y su organización gremial, sino también un desafío al cumplimiento de las decisiones judiciales, razón por la cual consideran que el eventual incumplimiento de esta nueva intimación podría derivar en responsabilidades legales aún más severas.
Desde la conducción nacional señalaron además que este antecedente servirá como referencia para futuras acciones contra aquellas empresas de seguridad privada que intenten impedir la afiliación sindical, desconocer delegados o vulnerar los derechos consagrados por la Constitución Nacional y las leyes laborales vigentes.
La organización sostuvo que se encuentra a la espera de la decisión que adopte Murata dentro del plazo establecido por la Justicia. En caso de que la empresa continúe sin cumplir la orden de reincorporación, el sindicato anticipó que impulsará todas las medidas legales necesarias para garantizar el efectivo cumplimiento de la sentencia y la plena vigencia del Estado de Derecho.
Finalmente, el Sindicato de Custodios destacó el trabajo realizado por su Secretaría Legal y por los equipos jurídicos encabezados por el Dr. Leandro Martínez Canter y el Estudio Moyano , quienes llevaron adelante las distintas estrategias procesales que permitieron obtener una serie de resoluciones favorables en esta causa.
«Este fallo vuelve a demostrar que nadie está por encima de la ley.
La libertad sindical no se negocia, los derechos de los trabajadores se defienden y las resoluciones judiciales deben cumplirse. Vamos a seguir actuando con firmeza, transparencia y dentro del marco legal para que ninguna empresa crea que puede vulnerar la Constitución Nacional o desconocer los derechos de los trabajadores de seguridad privada.»
