De la estafa cripto a la estafa de los PPC en la seguridad privada
El festival de los Preventivos de Crisis en la seguridad privada: empresarios beneficiados, trabajadores perjudicados y complicidades que alcanzan al Estado.
Una nueva estafa laboral está en marcha y promete convertirse en uno de los mayores escándalos del sector: los Procedimientos Preventivos de Crisis (PPC) se están utilizando de forma masiva, fraudulenta y sistemática por parte de empresas de seguridad privada, con el presunto aval de funcionarios del Ministerio de CAPITAL HUMANO Y LA SECRETARIA DE TRABAJO y del sindicato UPSRA , que otorgan este beneficio como si se tratara de souvenirs corporativos.
Lo que nació como una herramienta de emergencia durante la pandemia para evitar despidos en empresas en crisis real, hoy se ha transformado en un mecanismo de precarización legalizada. El PPC permite que las empresas evadan hasta el 70% de las cargas sociales, lo que representa un golpe directo a los derechos laborales: salarios recortados, falta de aportes jubilatorios, aguinaldo reducido y vacaciones afectadas.
Un modelo de fraude masivo
Según datos recogidos por el Sindicato Unido de Trabajadores Custodios Argentinos (SUTCA), más de 200 empresas de seguridad privada han accedido a PPC sin auditoría, justificación económica ni control estatal alguno. Esto no solo vulnera la normativa vigente, sino que configura un esquema de evasión fiscal y previsional a gran escala que perjudica directamente a los trabajadores y al Estado nacional a través de organismos como ANSES y ARCA.
Estas son solo algunas de las empresas que accedieron en los últimos meses SECAR(Securion)
Ex Securitas, MURATA, WATCHMAN, SISEG, Grupo SISEG ,SISEG INTERNACIONAL,
GRUPO COMAHUE , COMAHUE , MIRADOR srl, SEGURSAT srl , FEDERAL SERVICE ,MCM SECURITY srl, CONADPER srl ,ROYALSEG srl ,STAR SERVICIOS EMPRESARIOS (CHACO), PROTECCION Y SERVICIOS , MAYORAL SEGURIDAD srl , LEGION SECURITY sa , SOUNCH srl , LEGAL SECURITY srl , TECNOSEG ,SEGURIDAD PROFESIONAL sa , FIRST SECURITY, ALCALA SEGURIDAD ,BEC PROTECTION srl , MV SSEGURIDAD Y SERVICIOS.
Un informe técnico en elaboración revela que muchos vigiladores que hoy están bajo PPC, cuando lleguen a la edad jubilatoria, descubrirán que les faltan dos o más años de aportes. No por haber estado desempleados, sino porque durante ese tiempo el empleador se ahorró los aportes previsionales con la complicidad de quienes debían controlar.
El origen: pandemia y multinacionales
Todo comenzó con un caso emblemático: la multinacional Securitas, de capitales suecos, que durante la pandemia logró imponer el primer PPC masivo en el sector. Lejos de representar un caso aislado, abrió la puerta a una catarata de imitaciones, beneficiando a otras empresas nacionales y provinciales, incluso pequeñas firmas sin real situación crítica. Hoy esa empresa opera bajo los nombres de Secar o Grupo Securión, y continúa recibiendo PPC sin interrupción, con mecanismos rápidos, automáticos y sin control legal.
Lo más grave es que, en muchos casos, ni siquiera se informa a los clientes que la empresa prestadora tiene un PPC vigente, trasladando los costos a ellos en su totalidad, mientras la empresa reduce sus obligaciones laborales y mejora su rentabilidad a costa del trabajador.
Complicidades, irregularidades y justicia en alerta
Consultadas por este medio, fuentes de organismos estatales y judiciales confirmaron que los PPC del sector de seguridad privada ya están bajo investigación. “Se generó mucho ruido en los últimos meses, hay presentaciones de sindicatos y organizaciones que detectaron graves irregularidades”, señalaron desde un área técnica. Incluso se evalúa unificar esta estafa con una causa más amplia sobre irregularidades sistemáticas en el sector, a cargo de una jueza de alto perfil.
Entre las irregularidades detectadas, se encuentran:
Falta de control de la documentación técnica presentada por las empresas.
Argumentos injustificados para acceder al PPC (malas decisiones gerenciales disfrazadas de crisis estructural).
Otorgamiento de PPC a empresas grandes y pequeñas por igual, sin distinción ni verificación seria.
Ausencia total de auditoría sobre el destino de los fondos y los aportes omitidos.
La utilización fraudulenta de los PPC en la seguridad privada no es una medida de emergencia, sino una estrategia sistemática para abaratar costos empresariales, precarizar trabajadores y burlar al Estado. Lo que debería ser una excepción, se transformó en una regla perversa que premia a los que evaden y castiga a quienes trabajan.
Desde SUTCA anunciaron que presentarán un informe técnico y jurídico completo ante la justicia, y también ante los clientes corporativos de las empresas involucradas, para advertirles del esquema delictivo que muchos desconocen.
Mientras tanto, la pasividad de la Secretaria de Trabajo y de la Secretaría de Capital Humano plantea una pregunta ineludible: ¿hasta cuándo seguirán firmando preventivos de crisis como si fueran formularios de rutina?
La bomba está activada. Solo falta saber quién se anima a desactivarla.
Nota por Eduardo Bagli.
