La Agrupación Nacional 9 de Julio se suma a la ofensiva nacional contra los Procedimientos Preventivos de Crisis aplicados desde 2020: denuncias presentadas en octubre revelan un escándalo federal que involucra a empresas de seguridad privada nacionales y provinciales
En un hecho que marca un antes y un después en el sector de la seguridad privada, la Agrupación Nacional 9 de Julio formalizó en octubre una serie de denuncias de alto impacto político y jurídico, sumándose al impulso nacional encabezado por el Sindicato de Custodios, que desde hace meses viene exponiendo la precarización estructural generada por la aplicación irregular de los Procedimientos Preventivos de Crisis (PPC) desde el año 2020 hasta la actualidad.
Las denuncias fueron presentadas simultáneamente ante:
El Ministerio de Trabajo de la Nación,
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA),
El Ministerio de Capital Humano,
configurando la mayor ofensiva gremial en años contra lo que describen como “un entramado ilegal, sistemático y sostenido que perjudicó a miles de trabajadores y al Estado Nacional”.
UN MECANISMO IRREGULAR QUE SE EXTENDIÓ 5 AÑOS Y ALCANZÓ A TODO EL PAÍS
Las organizaciones de seguridad privada sostienen que desde marzo de 2020, y sin cumplir los pasos legales previstos por la Ley 24.013 y el Art. 223 bis, empresas nacionales y provinciales aplicaron supuestos acuerdos de crisis sin:
Apertura de expediente,
Estudio económico real,
Audiencias tripartitas,
Firma válida entre partes,
Autorización administrativa,
Ni homologación ministerial.
Se denunció que en numerosos casos los PPC fueron aplicados sin haber sido siquiera firmados, sin actos jurídicos válidos y sin intervención estatal, configurando una usurpación de facultades y un fraude laboral masivo.
SALARIOS REDUCIDOS, APORTES NO INGRESADOS Y PERJUICIO PREVISIONAL
El informe eleva un dato de enorme gravedad: miles de vigiladores estuvieron cobrando haberes al 70% o 75% de manera no remunerativa, y en algunos casos el 100% fuera de remuneración, lo que derivó en:
Pérdidas millonarias en aportes jubilatorios,
Reducción de contribuciones patronales,
Perjuicio directo a ANSES, ARCA y al Estado Nacional,
Trabajadores sin estabilidad laboral real pese a estar bajo supuestos acuerdos “de protección”.
El cálculo presentado por las organizaciones establece que, por trabajador, deberían haberse ingresado más de $100.000 mensuales, pero solo ingresaron $27.000 a $30.000, generando un enorme déficit previsional que afecta tanto al trabajador como al sistema público.
UN LISTADO PARCIAL DE EMPRESAS Y UNA INVESTIGACIÓN QUE SIGUE CRECIENDO
Las agrupaciones difundieron un listado preliminar de más de 60 empresas, entre ellas firmas nacionales y también empresas provinciales de distintas jurisdicciones, que habrían aplicado estos mecanismos irregulares desde 2020.
Sin embargo, aclararon que este listado es solo una primera parte, ya que:
Hay compañías que también solicitaron PPC pero aún no figuran,
Existen empresas que aplicaron los acuerdos sin expediente alguno,
Los sindicatos y organizaciones están recolectando más información,
Se siguen analizando presentaciones y pedidos de homologación en diferentes provincias.
La denuncia advierte que esta investigación se encuentra en proceso de ampliación y que el universo de empresas involucradas podría ser aún mayor.
NOTIFICACIÓN A LOS CLIENTES: UN ACTO INÉDITO DE TRANSPARENCIA
Por primera vez, las organizaciones están notificando formalmente a los clientes de estas empresas de seguridad privada —clubes, hospitales, municipios, ministerios, bancos, empresas de logística, countries y organismos estatales— para que tomen conocimiento del daño causado a los trabajadores por:
Falta de aportes jubilatorios,
Aportes mal liquidados,
Contribuciones omitidas,
Irregularidades en la aplicación de acuerdos.
Se advierte que la responsabilidad podría alcanzar también a los contratantes en caso de corresponsabilidad solidaria o incumplimiento del debido control.
UN ESCÁNDALO FEDERAL QUE YA ESTÁ EN LA AGENDA POLÍTICA
La incorporación de la Agrupación Nacional 9 de Julio a esta ofensiva gremial nacional fortalece el proceso iniciado por el Sindicato de Custodios, que viene denunciando desde hace meses la precarización laboral generada por estos mecanismos ilegales.
Con denuncias formales presentadas en los principales organismos laborales del país, con documentación técnica y con un listado creciente de empresas bajo análisis, el sector de la seguridad privada entra en una etapa de profunda revisión institucional, donde el fraude previsional, el perjuicio al Estado y la responsabilidad sindical y empresarial están siendo finalmente expuestos.
