La seguridad privada nuevamente envuelta en un escandalo político por el caso ANDIS
La investigación judicial por el escándalo de supuestas coimas en el área de discapacidad, que involucra a funcionarios vinculados a La Libertad Avanza, volvió a poner bajo la lupa a las empresas de seguridad privada.
En las últimas semanas se realizaron allanamientos en distintos countries de la provincia de Buenos Aires. En el barrio privado Altos de Campo Grande, en Pilar, trascendió que una de las empresas que presta servicios seria la firma RedGuard, mientras que en Nordelta se investiga el accionar de la empresa Securion (ex Securitas).
Antecedentes de irregularidades
No es la primera vez que compañías del sector quedan envueltas en escándalos. A comienzos de la gestión libertaria, Tech Security fue denunciada por utilizar trabajadores de seguridad para actos partidarios sin remunerarlos. Posteriormente, se detectaron irregularidades en licitaciones del Banco Nación, en las que participó una empresa con vínculos políticos con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
Ahora, el foco vuelve a estar en RedGuard y Securion. Según fuentes , RedGuard estaría vinculada a la familia Ruckauf y mantendría lazos estrechos con sectores ligados a los Menem. En tanto, Securion arrastra un historial complejo: ya había sido mencionada en causas por sobornos que investiga la jueza Sandra Arroyo Salgado, y además esta empresa fue beneficiada en los últimos años con procedimientos preventivos de crisis al igual que RedGuard ambas cuestionadas por sindicatos y trabajadores.
El rol de las empresas en los allanamientos
La justicia busca determinar cuál fue la participación concreta de las firmas de seguridad en los procedimientos realizados en los countries. En el caso de Nordelta, fue citado a declarar el jefe de seguridad interna de la Asociación Vecinal Nordelta (AVN), Ariel De Vincentis, para esclarecer cómo se manejaron los protocolos internos durante los allanamientos.
Una actividad bajo la lupa
Los reiterados señalamientos a empresas de seguridad privada evidencian las zonas grises y vacíos de control estatal en un sector que maneja información sensible y presta servicios en objetivos estratégicos. La conjunción entre intereses políticos, contratos millonarios y mecanismos poco transparentes vuelve a colocar a la seguridad privada en el centro de la polémica.
