SUTCA denuncia fraude masivo en la seguridad privada: se amplían las acciones judiciales contra las cámaras empresariales
El Sindicato Unidos Trabajadores Custodios Argentinos (SUTCA), encabezado por su Secretaria General Silvia Diez, continúa profundizando su ofensiva legal contra las maniobras empresariales vinculadas a los llamados Procedimientos Preventivos de Crisis en el sector de la seguridad privada.
En una nueva presentación formal, el gremio remitió cartas documento a todas las Cámaras Empresariales de Seguridad Privada —entre ellas CAESI, AESPCA, CAESBA y CELSI— en las que rechaza los descargos previos y ratifica las denuncias sobre acuerdos irregulares firmados bajo el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, que estarían siendo utilizados para encubrir despidos y reducciones salariales.
El documento, firmado por Diez y remitido desde la sede sindical (CABA), advierte que estos acuerdos provocan “un grave perjuicio previsional y salarial para los trabajadores”, ya que permiten liquidar sueldos de manera no remunerativa, afectando sus aportes jubilatorios, obra social y antigüedad.
Además, el SUTCA notificó el listado de más de 50 empresas que habrían solicitado o aplicado estos convenios, entre ellas Murata, Watchman,Securion, Siseg, Segurtrans, Redguard, Becar, Maxsegur, Air Sec, Federal Service, PCP y Seguridad Profesional, entre muchas otras.
Posible configuración de delitos penales
En base a la documentación recabada y a los informes que obran en poder del sindicato, los hechos denunciados podrían encuadrar en graves figuras penales, entre ellas:
Defraudación contra la administración pública (art. 174 inc. 5° del Código Penal).
Apropiación indebida de aportes previsionales (art. 9 de la Ley 24.769).
Defraudación en perjuicio de terceros (art. 173 inc. 7° del Código Penal).
Violación de acuerdos homologados y fraude laboral (art. 223 bis LCT en relación con el art. 172 C.P.).
Fuentes del área legal del sindicato confirmaron que el caso será ampliado ante la justicia laboral y penal, y que se solicitará la intervención de los Tribunales Arbitrales y de Ética correspondientes a cada cámara empresarial.
Un conflicto que compromete a todo el sector
El SUTCA sostiene que estos preventivos de crisis, aprobados de manera irregular, generaron un vacío normativo y una caída de hasta el 40% en los salarios reales, además de miles de trabajadores con aportes impagos ante ANSES.
“Hay compañeros a los que les faltan entre dos y cinco años de aportes, lo que impide su jubilación. Este perjuicio no puede quedar impune”, afirmó Diez.
Asimismo, el gremio exige a los departamentos de ética empresariales que “dejen de mirar para otro lado” y asuman la responsabilidad que les corresponde, ya que las cámaras actuaron como parte firmante o avaladora de los acuerdos que hoy están siendo cuestionados.
El gremio promete llegar hasta las últimas consecuencias
“El daño es institucional, previsional y humano. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para que los responsables respondan ante la Justicia”, declaró Diez, al tiempo que confirmó que el listado de empresas bajo investigación sigue ampliándose y que se están evaluando nuevas acciones conjuntas con otras organizaciones gremiales del sector.
Con esta nueva tanda de notificaciones, el SUTCA consolida una estrategia jurídica y política inédita en la historia reciente del sector, abriendo el camino hacia un proceso de depuración y transparencia en la seguridad privada argentina.
