Seguridad Privada: el caso SanCor anticipa una tormenta. Procedimientos de crisis, aportes previsionales y un sistema que podría estallar
El procesamiento pedido por un fiscal federal contra directivos de SanCor por retención indebida de aportes previsionales por más de $1.644 millones no es un hecho aislado.
Es un precedente penal con impacto directo en la seguridad privada, un sector donde los Procedimientos Preventivos de Crisis (PPC) se multiplicaron en silencio desde 2020.
En la industria circulan datos que preocupan:
Alrededor de 130 empresas de seguridad privada habrían tramitado PPC
a través de UPSRA en los últimos años. Se trata de firmas que van desde 50 vigiladores hasta 9.000 trabajadores en algunos casos.
Cuántos trabajadores podrían estar alcanzados ,con la información disponible en el sector, se estima:
Piso aproximado: 40.000 vigiladores
Techo aproximado: 50.000 vigiladores
Es decir, de manera conservadora:
entre 40.000 y 50.000 trabajadores de seguridad privada
podrían haber sido alcanzados, directa o indirectamente, por esquemas vinculados a PPC y salarios “reducidos” vía acuerdos especiales.
El verdadero negocio: cuánto se ahorra una empresa
No se trata del salario entero, sino de la parte previsional que las empresas dejan de pagar gracias a estos esquemas.
Con valores actuales, dentro del sector se calcula que:
el ahorro previsional estimado por cada trabajador oscila entre
$100.000 y $200.000 mensuales
Si cruzamos eso con la cantidad de trabajadores alcanzados:
Escenario mínimo:
40.000 trabajadores x $100.000 = $4.000.000.000 mensuales
Escenario máximo:
50.000 trabajadores x $200.000 = $10.000.000.000 mensuales
Es decir, el sistema podría estar moviendo, solo en ahorro previsional:
entre $4.000 millones y $10.000 millones por mes
entre $48.000 millones y $120.000 millones por año
Fondos que, en condiciones normales, deberían alimentarse:
ANSES
obras sociales
aportes y contribuciones
sistema de seguridad social.
Salarios, sumas no remunerativas y aportes simbólicos en paralelo, los recibos del sector muestran:
salarios alrededor de $1.300.000
hasta un 47% en sumas no remunerativas
aportes por $3, $10 o $50 , $5.000, $50.000
convenios que otorgan hasta un 75% de alivio en cargas patronales
En algunos casos:
empresas habrían retenido parte de la jubilación de los trabajadores (sin depositar),
otras se habrían beneficiado con el ahorro de cargas, trasladando el “beneficio” al pago en mano,
pero sin informar al cliente ni transparentar la maniobra.
Esto genera competencia desleal, con empresas que habrían licitado a precio de ahorro previsional, ocultando el verdadero costo laboral.
Despidos encubiertos, doble recibo y 223 bis
Aunque muchos convenios prevén no despedir personal, en la práctica se denuncia que: varias empresas despiden igual, inventan causas para despedir con justa causa, otras aplican el art. 223 bis para suspender con rebaja salarial, lo cual impacta en fondos de desempleo y derechos de los trabajadores.
A esto se agregan:
doble recibo de sueldo (uno “en blanco”, otro “real”),
maniobras para ocultar irregularidades.
Cada ítem toca o bordea figuras penales y previsionales.
Ruido interno: gremio involucrado y clientes responsables solidarios
El esquema genera un ruido enorme:
hacia el gremio que habría intervenido en la gestión de estos PPC,
hacia las empresas beneficiadas,
y hacia miles de clientes contratantes (Estado y privados), que son responsables solidarios por ley.
En materia previsional, las acciones pueden iniciarse hasta 5 años hacia atrás, abriendo la puerta a:
juicios individuales ,reclamos colectivos, demandas contra empresas de seguridad, demandas contra clientes
Funcionarios y financieras bajo sospecha
Según información circulante en el sector: habría funcionarios de gobierno, áreas de Jefatura de Gabinete,
y financieras vinculadas al Ministerio de Economía,
todo bajo un esquema presunto:
pago anticipado del 30% del ahorro en cargas sociales, a cambio de “facilitar” acuerdos.
Esto está bajo rumor judicial y gremial, pero en el radar.
El precedente: El caso SanCor muestra exactamente cómo actúa la Justicia Federal:
Fiscal Federal Jorge Gustavo Onel, con sede en Rafaela,
firmó el dictamen que pidió el procesamiento de los directivos.
Los acusados son:
José Pablo Gastaldi, presidente entre 2020 y 2022
Alberto Eduardo Sánchez, presidente entre 2022 y 2024
El cargo imputado:
Apropiación indebida de recursos de la seguridad social (art. 7, Régimen Penal Tributario)
Cuando los trabajadores denunciaron, el fiscal actuó:
las causas se acumularon
los montos se verificaron
se pidió el procesamiento penal
La jueza que conoce el terreno
En paralelo, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado:
investiga causas penales vinculadas a seguridad privada y coimas (caso Securitas)
tiene antecedentes en Procedimientos Preventivos de Crisis en conflictos laborales
ha exigido informes al Ministerio de Trabajo y aplicado medidas, no es una magistrada ajena al sector.
El sector de seguridad privada está ante una tormenta:
40.000–50.000 vigiladores involucrados
$4.000–$10.000 millones mensuales en ahorro previsional
convenios con hasta 75% de alivio en cargas
aportes simbólicos de $3 a $50
doble recibo
despidos encubiertos
223 bis
clientes solidariamente responsables 5 años para atrás
fiscales actuando en casos similares
jueces con experiencia en el tema
El caso SanCor lo demostró: cuando los aportes se retienen y no se depositan, no es un problema administrativo
es delito federal y termina en procesamientos, embargos y causas penales.
En la seguridad privada, los elementos están servidos.
Solo falta que alguien presente la primera denuncia estructural.
La pregunta ya no es si habrá novedades. La pregunta es cuándo y quién será el primero llamado a indagatoria
