La Agrupación Nacional 9 de Julio impugna la asamblea de UPSRA y denuncia un intento de vaciamiento del patrimonio sindical
La Agrupación Nacional 9 de Julio conducida por el dirigente nacional Christian Lopez , junto a otras expresiones internas de la actividad, volvió a avanzar judicial y administrativamente contra la conducción de la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA), al impugnar formalmente la convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria prevista para este 18 de diciembre de 2025.
Según consta en las presentaciones elevadas ante la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, dependiente de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano, la asamblea pretende autorizar la venta, alquiler o constitución de gravámenes sobre bienes inmuebles estratégicos del sindicato, en un contexto que la agrupación denunciante califica como de grave desorden institucional, falta de transparencia y posible administración fraudulenta.
Denuncia de vaciamiento patrimonial
La impugnación pone el foco en una maniobra que, según los denunciantes, no es aislada ni circunstancial, sino parte de un proceso sostenido de despatrimonialización del sindicato, sin información clara a los afiliados ni balances disponibles para su control.
Entre los inmuebles alcanzados por la convocatoria se encuentran propiedades emblemáticas de alto valor institucional y social, como:
La sede sindical y otras propiedades en la Ciudad de Buenos Aires
El Campo Recreativo “Evita”, en el partido de Moreno
El Hotel Regidor de Mar del Plata
Inmuebles en Quilmes, Munro, Rosario, Mendoza y Corrientes
Desde la Agrupación 9 de Julio advierten que estas decisiones privarían a los afiliados de espacios sociales, recreativos y de representación, construidos a lo largo de décadas con el aporte de los trabajadores de la seguridad privada.
Asamblea cuestionada y balances sin control
Otro de los puntos centrales de la denuncia es que la asamblea pretende aprobar balances atrasados “a libro cerrado”, sin que los afiliados hayan tenido acceso previo a la documentación contable, vulnerando los principios básicos de democracia sindical y control interno previstos en la Ley 23.551.
Asimismo, se objeta la elección de los integrantes de la Comisión Revisora de Cuentas, órgano clave para auditar la gestión financiera, señalando que se intentaría designar miembros con mandatos vencidos, lo que agravaría el cuadro de falta de control y transparencia.
Advertencia sobre posibles delitos
En la presentación administrativa y en la carta documento remitida a la conducción sindical, la Agrupación Nacional 9 de Julio sostiene que los hechos denunciados podrían encuadrar en figuras penales, como las previstas en los artículos 173, 174 y 175 del Código Penal, vinculadas a defraudación y administración fraudulenta.
“Cuando no quedan recursos ni ideas, se venden hasta las joyas de la abuela”, señalan en uno de los tramos más duros del escrito, alertando que se pretende tapar agujeros financieros con la venta del patrimonio, en lugar de rendir cuentas y abrir un debate real con los trabajadores.
Responsabilidad del Estado y antecedentes
La nota presentada responsabiliza también al Ministerio de Capital Humano por la falta de intervención oportuna, pese a los reiterados antecedentes de denuncias, impugnaciones y conflictos judiciales que pesan sobre la conducción histórica de Ángel García.
Estos cuestionamientos se suman a una larga lista de observaciones previas sobre la vida institucional de UPSRA y la crítica situación de su obra social, OSPSIP, que en los últimos años acumuló deudas, litigios, ejecuciones judiciales y cuestionamientos por su administración, incluso luego de procesos de intervención estatal que no lograron normalizar definitivamente la situación.
Estrategia judicial en marcha
Desde la Agrupación Nacional 9 de Julio confirmaron que la impugnación actual forma parte de una estrategia jurídica más amplia, que incluye reservas de derechos para ampliar las denuncias, aportar nuevas pruebas y promover acciones administrativas, civiles y penales, tanto contra las autoridades sindicales como contra los organismos de control que resulten responsables por omisión.
“La autonomía sindical no puede ser usada como excusa para vulnerar la democracia interna, ocultar balances o disponer del patrimonio de los trabajadores sin control”, concluye el escrito elevado a la autoridad laboral.
