INTERVINIERON UN GREMIO DE SEGURIDAD PRIVADA Y EL ESTADO EMPIEZA A MIRAR DE CERCA AL SECTOR
Acefalía prolongada, conflictos sin respaldo legal y denuncias reiteradas exponen un sistema que durante años funcionó sin control real
La reciente decisión del Estado nacional de intervenir un gremio del sector de la seguridad privada marca un hecho de alto impacto institucional y abre un debate profundo sobre un rubro históricamente atravesado por irregularidades, precarización laboral y estructuras sindicales carentes de legitimidad democrática.
Mediante la Resolución N.º 79/2026 de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano, se dispuso la intervención del Sindicato de Seguridad de la República Argentina, (SSRA) luego de constatarse que la entidad se encuentra en estado de acefalía desde el 20 de diciembre de 2014, fecha en la que vencieron los mandatos de su Comisión Directiva.
La resolución oficial establece además la designación del Sr. Gastón Gabriel Di Bella (DNI N.º 27.677.229) como Delegado Normalizador, con facultades administrativas y ejecutivas plenas, y la obligación de regularizar la situación institucional del sindicato y convocar a elecciones en un plazo máximo de 120 días, conforme a lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley 23.551 y su decreto reglamentario.
Los fundamentos del acto administrativo son contundentes: procesos electorales declarados jurídicamente ineficaces, actos institucionales sin validez legal, ausencia de autoridades con mandato vigente y reiteradas irregularidades administrativas, situación que obligó a la intervención excepcional del Estado.
Conflictos y medidas de fuerza sin respaldo legal
A este cuadro se suma un elemento que genera fuerte preocupación en el sector. Fuentes empresariales afirman que el gremio hoy intervenido, durante los últimos años, ingresó a la actividad de la seguridad privada promoviendo conflictos y medidas de fuerza sin tener los papeles al día, lo que habría provocado daños operativos, contractuales y económicos en numerosas empresas.
Según señalan desde el ámbito empresario, estas acciones —realizadas sin respaldo legal ni legitimidad sindical clara— incrementaron la conflictividad, afectaron la continuidad de servicios y terminaron perjudicando también a los propios trabajadores involucrados.
Un espejo inevitable: la analogía con la UPSRA
La intervención del Sindicato de Seguridad de la República Argentina no puede analizarse de manera aislada. En el sector, la decisión estatal es leída como una señal que inevitablemente remite a la crisis de legitimidad que atraviesa la UPSRA, el sindicato históricamente dominante de la actividad.
Mandatos prorrogados, elecciones judicializadas, padrones cuestionados y una creciente desconexión con la realidad cotidiana de los vigiladores configuran un patrón común: estructuras sindicales envejecidas que lograron sostenerse durante años sin controles efectivos, mientras la precarización laboral avanzaba en la base de la actividad.
Un nicho de corrupción que nadie quiso ver
Entre pasillos —empresarios, abogados laboralistas, funcionarios y dirigentes— se repite una definición que rara vez aparece en documentos oficiales: la seguridad privada se transformó durante años en un nicho de corrupción estructural que nadie quiso mirar de frente.
Las reiteradas denuncias administrativas y judiciales, acumuladas en distintos expedientes, suelen terminar siempre del mismo modo: demoras, archivos, favores políticos cruzados y acuerdos informales, que garantizaron la continuidad de las mismas conducciones y las mismas prácticas.
Mientras tanto, los trabajadores continúan pagando el costo: salarios deteriorados, aportes irregulares, jornadas extensas y una representación sindical que muchas veces no los defiende.
¿Un punto de quiebre o una excepción?
La intervención dispuesta por la Resolución 79/2026 aparece como un punto de inflexión institucional. Por primera vez en mucho tiempo, el Estado reconoce de manera expresa que la anormalidad sindical en la seguridad privada no puede seguir siendo tolerada.
La pregunta que hoy recorre al sector es inevitable
¿Es este el principio de una nueva mirada sobre las viejas estructuras sindicales que carecen de legitimidad, o se trata de una excepción que no llegará a modificar el corazón del sistema?
La seguridad privada, durante años tratada como un territorio opaco y funcional a acuerdos silenciosos, comienza a quedar expuesta. Resta saber si esta intervención será el inicio de un proceso real de transparencia, legalidad y dignidad laboral, o apenas un gesto aislado en un sector que todavía se resiste a cambiar
