Graves irregularidades en la UPSRA y OSPSIP: denuncias judiciales, vaciamiento patrimonial y un modelo sindical incompatible con la Ley 23.551
La conducción de Ángel García al frente de la Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) y de la Obra Social del Personal de Seguridad Privada (OSPSIP) atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia institucional. Diversos medios periodísticos, expedientes administrativos y presentaciones judiciales dan cuenta de un proceso sostenido de deterioro institucional, irregularidades legales y pérdida de representatividad, que hoy colocan a ambas entidades bajo una creciente presión política, gremial y judicial.
Asambleas cuestionadas y posible disposición del patrimonio sindical
Uno de los ejes centrales del conflicto es la convocatoria a asambleas sindicales con contenidos patrimoniales sensibles, denunciadas reiteradamente por agrupaciones opositoras y reflejadas por medios especializados en temas gremiales. Según estas denuncias, la conducción de la UPSRA viene intentando avanzar, desde hace años, en mecanismos que habilitarían la disposición o venta del patrimonio sindical, sin cumplir con los principios básicos de transparencia, publicidad, participación efectiva de los afiliados y control democrático.
Desde el punto de vista jurídico, estas prácticas colisionan frontalmente con la Ley 23.551, que establece que el patrimonio sindical es inembargable, inalienable sin causa legítima y pertenece al colectivo de trabajadores, no a una conducción circunstancial. La falta de balances aprobados, la ausencia de auditorías independientes y la exclusión de los afiliados del proceso decisorio constituyen vicios graves de nulidad.
Restricción de la democracia sindical y persecución interna
Distintos artículos periodísticos y denuncias administrativas coinciden en señalar que las asambleas impulsadas por la actual conducción no garantizan la participación plena del padrón real, permitiendo el ingreso de personas ajenas a la institución, mientras se hostiga, margina o persigue a agrupaciones opositoras, delegados y afiliados críticos.
Estas conductas vulneran principios elementales de la libertad sindical, reconocidos no solo por la legislación nacional, sino también por los Convenios 87 y 98 de la OIT, que obligan al Estado a garantizar procesos internos libres, democráticos y sin injerencias ni represalias.
Elecciones impugnadas y judicialización en curso
La elección que permitió la continuidad de Ángel García al frente de la UPSRA se encuentra formalmente impugnada y judicializada por la Agrupación Nacional 9 de Julio, con presentación de pruebas que cuestionan la legalidad del proceso electoral, la conformación del padrón, la transparencia del acto y la validez de los resultados.
El expediente permanece a la espera de resolución en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, mientras las agrupaciones opositoras continúan ampliando las denuncias. Fuentes gremiales y judiciales confirmaron que no se trata de una única presentación, sino de una estrategia legal colectiva, que incluye a otras agrupaciones opositoras a la conducción actual.
OSPSIP: crisis sanitaria, administrativa y financiera persistente
La situación de la Obra Social del Personal de Seguridad Privada (OSPSIP) ha sido reflejada en distintos medios periodísticos a lo largo de los últimos años. Informes, intimaciones y actuaciones administrativas dan cuenta de graves falencias en la prestación de servicios de salud, deudas acumuladas, cortes de prestaciones y un funcionamiento que motivó plazos formales de regularización otorgados por los organismos de control.
Dichos plazos ya se encuentran vencidos, sin que se hayan verificado mejoras estructurales ni soluciones definitivas, lo que refuerza las sospechas sobre incumplimientos legales, posibles responsabilidades administrativas y eventuales consecuencias penales en caso de comprobarse perjuicio a los afiliados.
Pérdida masiva de afiliados y vaciamiento gremial
Según datos difundidos por agrupaciones opositoras y replicados por medios del sector, la UPSRA habría perdido más del 80 % de su masa afiliada a nivel nacional, un indicador contundente de crisis de representación. Esta caída se traduce en menor capacidad de negociación, pérdida de legitimidad y un debilitamiento estructural del sindicato frente a un empresariado cada vez más concentrado y precarizador.
La falta de renovación dirigencial, con regionales ocupadas por estructuras envejecidas y desconectadas de la realidad actual de la actividad, profundiza el colapso. La seguridad privada enfrenta hoy precarización extrema, competencia desleal, informalidad y salarios de subsistencia, sin una conducción sindical que articule respuestas reales.
Incumplimientos laborales sistemáticos
Trabajadores y delegados denuncian de manera constante incumplimientos del convenio colectivo, como el no pago de horas extras al 50 %, desconocimiento de feriados, vacaciones, licencias, indemnizaciones abonadas en cuotas y persecución sindical. En la práctica, sostienen, la reforma laboral ya fue aplicada de hecho por la inacción y complicidad de la dirigencia sindical, mucho antes de cualquier debate legislativo.
En el interior del país, la situación es aún más crítica: salarios que oscilan entre 300 y 500 mil pesos en el norte argentino y 300 a 400 mil pesos en el litoral, muy por debajo del costo de vida, sin paritarias reales ni defensa efectiva del poder adquisitivo.
Un modelo agotado y el reclamo de una salida democrática
Desde las agrupaciones opositoras coinciden en que lo que hoy se evidencia es el ocaso de un modelo sindical personalista, sostenido por prórrogas, judicialización, manejo familiar y ausencia de controles, incompatible con el marco legal vigente y con las necesidades actuales de la actividad.
Por ello, reclaman un proceso electoral transparente, democrático y con participación real de los afiliados, bajo control institucional efectivo, que permita reconstruir la representación gremial y recuperar una organización al servicio de los trabajadores, no de intereses particulares.
Finalmente, exigen que la Justicia, el Ministerio de Trabajo y la Superintendencia de Servicios de Salud actúen con la celeridad y firmeza que el caso amerita, entendiendo que no se trata de una interna sindical, sino de la defensa del derecho colectivo, la salud y el futuro laboral de miles de trabajadores de la seguridad privada en todo el país.
