FUERTE OPERATIVO POLICIAL Y DOBLE MEDIDA DE FUERZA EN EZEIZA: DURO REVÉS JUDICIAL PARA MURATA S.A.

La conflictividad en el sector de la seguridad privada volvió a escalar con una doble medida de fuerza simultánea encabezada por  Los Custodios (SUTCA) contra la empresa Murata S.A., en dos objetivos clave ubicados en Spegazzini (Ezeiza): la planta BolsaFlex y la fábrica Guaymallén.
Las acciones se desarrollaron en el mismo horario y en la misma localidad, desde las primeras horas de la mañana, con la participación activa de trabajadores y delegados regionales, en rechazo a los reiterados incumplimientos laborales y judiciales denunciados contra la firma.

REVÉS JUDICIAL: LA JUSTICIA DESESTIMA EL RECURSO DE MURATA
En paralelo al conflicto gremial, la empresa sufrió un nuevo golpe en el ámbito judicial.
La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo – Sala IV, en la causa “Barrios Suárez, Lucio Nicolás c/ Murata S.A. s/ juicio sumarísimo” (27 de marzo de 2026), resolvió:
Desestimar el recurso de revocatoria “in extremis” presentado por Murata S.A., por no constituir una vía procesal válida para cuestionar la medida cautelar vigente.
El fallo ratifica la vigencia de resoluciones previas y expone la debilidad de la estrategia judicial de la empresa, que continúa sin dar cumplimiento efectivo a las decisiones de la justicia laboral.
Para el sindicato, esto confirma que los trabajadores no solo ganan en la calle, sino también en los tribunales.

PRECARIZACIÓN, VIOLACIÓN SINDICAL Y FRAUDE PREVISIONAL
Desde Los Custodios denuncian que Murata:
Desconoce fallos judiciales, especialmente en materia de reincorporación de delegados
Vulnera la libertad sindical, violando derechos constitucionales
Aplica procedimientos preventivos de crisis (PPC) que afectan los aportes previsionales
Incumple el Convenio Colectivo de Trabajo, precarizando la actividad
Según el gremio, el uso de los PPC en el sector estaría generando un impacto directo en las futuras jubilaciones, reduciendo aportes y afectando derechos adquiridos.

LLAMATIVO OPERATIVO POLICIAL Y TENSIÓN EN EL LUGAR
Uno de los puntos más controvertidos de la jornada fue el fuerte despliegue policial en la zona, particularmente señalado en la localidad de Saavedra, lo que generó fuertes críticas desde el sindicato.
Más de 70 efectivos de distintas fuerzas, entre policía local y grupos especiales como el GAP, se hicieron presentes para custodiar el operativo, en lo que fue calificado como un despliegue desproporcionado frente a un reclamo gremial.
Durante la jornada se registraron momentos de tensión, donde —según denunciaron los trabajadores— efectivos policiales amenazaron con desalojos, exhibiendo incluso pistolas Taser.
Desde el sindicato calificaron la situación como:
“Totalmente reprochable, más aún en un contexto donde muchos efectivos policiales no alcanzan siquiera salarios de $1.000.000, y sin embargo son utilizados para reprimir trabajadores que reclaman legítimamente”.
También señalaron lo llamativo del accionar en un municipio conducido por un intendente de origen peronista, interpretando que este tipo de operativos evidencian una alineación con políticas de orden nacional.

POSICIONAMIENTO GREMIAL: “LA DIGNIDAD NO SE NEGOCIA”
Frente a este escenario, la secretaria general Silvia Diez fue contundente:
“La seguridad privada no tiene nada que ver con las fuerzas públicas. Acá hay un sindicato que va a defender a los trabajadores cueste lo que cueste, contra cualquier gobierno y cualquier color político. La dignidad y la justicia social no se negocian con nadie”.
El gremio remarcó además que la actividad de seguridad privada debe trabajar en conjunto con las fuerzas públicas, pero que estos hechos marcan una clara división de intereses.

FOCO EN LOS CLIENTES: RESPONSABILIDAD SOLIDARIA
Como parte de la escalada del conflicto, el sindicato anunció que en los próximos días avanzará con:
Envío de cartas documento a todos los clientes de empresas con PPC
Acciones legales por responsabilidad solidaria
Denuncias contra quienes integren un esquema que —según sostienen— perjudica los aportes previsionales de los trabajadores
“No miren para otro lado. Van a ser responsables ante la justicia”, advirtieron.

PLAN DE LUCHA EN MARCHA
El conflicto con Murata se consolida como un caso testigo dentro del sector, donde el sindicato busca exponer un modelo de precarización estructural en la seguridad privada.
Con medidas simultáneas, respaldo judicial y una estrategia de presión sobre empresas y contratantes, Los Custodios avanzan en un plan de lucha nacional.
La consigna es clara: basta de impunidad. Por una seguridad privada digna, con derechos, aportes y legalidad.