Filtración de documentos expone el sistema de los Procedimientos Preventivos de Crisis en la seguridad privada Convenios sin homologar, balances cuestionados y denuncias de trabajadores comienzan a aparecer en la causa judicial
La investigación judicial sobre la utilización de Procedimientos Preventivos de Crisis (PPC) en el sector de la seguridad privada comenzó a tomar un nuevo impulso en las últimas horas tras la aparición de documentación interna, convenios y balances empresariales que empezaron a circular dentro del expediente judicial.
Según información a la que accedió este medio, parte de estos documentos podría revelar cómo se habrían utilizado distintos mecanismos administrativos y sindicales para permitir que numerosas empresas accedieran a procedimientos preventivos de crisis, una herramienta que la legislación laboral argentina prevé únicamente para situaciones económicas excepcionales.
Entre el material que comenzó a conocerse aparecen convenios firmados entre empresas y representantes sindicales, balances contables utilizados para justificar supuestas situaciones de crisis y diferentes modelos administrativos que habrían sido utilizados para tramitar estos procedimientos ante la autoridad laboral.
De acuerdo con fuentes cercanas a la investigación, varios de esos convenios habrían sido aplicados dentro de las empresas sin que existiera una homologación formal o ratificación en tiempo y forma por parte del Ministerio de Trabajo, lo que ahora se convirtió en uno de los puntos centrales de la investigación.
A esto se suma otro elemento que comienza a generar dudas dentro del expediente: balances contables que ahora están siendo revisados, ya que existirían sospechas de que algunos habrían sido confeccionados exclusivamente para justificar el acceso a los procedimientos preventivos de crisis.
El presunto circuito de los procedimientos preventivos de crisis
La causa judicial se originó a partir de distintas denuncias que señalaban la utilización masiva de procedimientos preventivos de crisis en el sector de la seguridad privada.
Según fuentes vinculadas al expediente, la ampliación de la denuncia apunta a la existencia de un posible circuito de facilitación administrativa y sindical que habría permitido a numerosas empresas ingresar a este régimen excepcional.
En algunos testimonios incorporados a la causa incluso se menciona la existencia de retornos económicos que rondarían el 30%, presuntamente abonados en efectivo para facilitar el avance de determinados expedientes dentro de la estructura administrativa.
Estas afirmaciones aún forman parte del material investigativo y deberán ser confirmadas por la Justicia en el marco del proceso judicial.
Ramificaciones en distintos organismos del Estado
Los trascendidos del expediente también señalan que las operaciones vinculadas a estos procedimientos habrían tenido derivaciones en distintos ámbitos del Estado.
Incluso se menciona, en versiones que todavía no cuentan con confirmación oficial, la posible existencia de un circuito financiero que podría haber tenido conexiones con áreas vinculadas al Ministerio de Economía.
La complejidad del caso se refleja también en la dispersión de las investigaciones. Actualmente existen actuaciones en los juzgados federales N.º 1, N.º 6 y N.º 12, lo que evidencia la magnitud y ramificación que podría haber alcanzado el caso.
Uno de los impulsores de estas presentaciones judiciales es el dirigente y periodista Marcelo Grecco, quien desde hace tiempo viene denunciando presuntas irregularidades en la aplicación de estos procedimientos dentro del sector.
Funcionarios mencionados en la ampliación de la denuncia
Según trascendió en las últimas horas, en la ampliación del indagatorio solicitado a Marcelo Greco también se habrían incorporado referencias a actores vinculados al ámbito estatal.
Entre los nombres mencionados en la denuncia aparecen Julio Cordero y Sandra Pettovello, vinculados al Ministerio de Capital Humano, bajo cuya órbita funciona actualmente la Secretaría de Trabajo.De acuerdo con las fuentes consultadas, parte de los procedimientos preventivos de crisis cuestionados habrían tenido algún tipo de tramitación o intervención administrativa dentro de esa estructura estatal, situación que ahora también estaría siendo analizada por la Justicia.
Algunas versiones incluso señalan que en los próximos días podrían producirse medidas judiciales relevantes, entre ellas posibles allanamientos, en función de la documentación que habría sido incorporada al expediente.
Los nombres que aparecen en la ampliación de la denuncia en el TOF 12
Uno de los elementos que más ruido generó en las últimas horas es que, en la ampliación de la denuncia, habrían comenzado a aparecer nombres propios vinculados al funcionamiento de este presunto circuito.
Entre los mencionados —siempre según trascendidos de la causa— figura Miguel Tobar, quien supuestamente habría tenido vínculos laborales con el sindicato de seguridad privada UPSRA y con su conducción.
También se mencionan, dentro del relato aportado en la denuncia, a Diego García, actual secretario adjunto del sindicato e hijo del histórico dirigente Ángel García.
Otro de los nombres que aparece en la documentación sería el de Marcelo Ferré, quien según los denunciantes se habría desempeñado como chofer y operador logístico en la estructura que tramitaba estos procedimientos, manteniendo vínculos con diferentes empresas del sector.
Asimismo, se menciona a Diego González, señalado en la denuncia como un posible facilitador técnico que habría intervenido en la presentación de procedimientos preventivos de crisis para diversas empresas de seguridad privada.
Cabe aclarar que ninguna de estas personas ha sido imputada formalmente al momento, y que los nombres surgen exclusivamente de los testimonios y presentaciones incorporadas a la causa, que deberán ser evaluadas por la justicia 
Empresas bajo la lupa
Dentro del universo de las empresas mencionadas en distintas presentaciones administrativas y judiciales, un grupo reducido de compañías comenzó a concentrar la atención de los investigadores.
Entre ellas figurarían empresas con contratos con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, algunas de las cuales tendrían vínculos con sectores políticos del macrismo y también con espacios del oficialismo actual.
También se encontrarían bajo análisis una ex multinacional del sector de seguridad privada y una empresa de gran dimensión operativa con más de 2.500 vigiladores, con fuerte presencia en countries y barrios cerrados.
Según documentación que comenzó a incorporarse a la causa, en algunos de estos casos se estaría investigando si durante los últimos años las empresas habrían retenido o incumplido con aportes previsionales de los trabajadores, lo que podría haber generado perjuicios directos en su situación jubilatoria.
Despidos en empresas que estaban bajo procedimiento de crisis
Otro punto que aparece en las denuncias presentadas por trabajadores tiene que ver con los compromisos asumidos dentro de los propios convenios firmados bajo el procedimiento preventivo de crisis.
En muchos de esos acuerdos se establecía expresamente que las empresas no podían despedir personal mientras estuvieran bajo ese régimen excepcional.
Sin embargo, según los testimonios incorporados a la causa, varias empresas habrían realizado igualmente despidos, en algunos casos utilizando denuncias disciplinarias o acusaciones internas para justificar las cesantías.
Para los denunciantes, esta situación podría demostrar que no sólo se habrían presentado balances cuestionados para acceder al procedimiento preventivo de crisis, sino que además los compromisos asumidos en esos acuerdos tampoco se habrían cumplido.
Los trabajadores empiezan a declarar
En paralelo al avance de la causa, varios vigiladores ya se presentaron en distintos juzgados federales para ratificar las denuncias vinculadas a estos procedimientos.
Las declaraciones de los trabajadores podrían convertirse en una pieza central dentro de la investigación, ya que permitirían reconstruir cómo se aplicaron en la práctica estos procedimientos dentro de las empresas del sector.
Debido a que actualmente existen actuaciones en diferentes juzgados federales, no se descarta que en algún momento las investigaciones puedan unificarse en una sola causa judicial.
Denuncias previas dentro del sector
Distintas agrupaciones vinculadas a trabajadores de seguridad privada opositoras a Angel Garcia( actual secretario general de Upsra) ya venían alertando sobre esta situación desde hace tiempo.
Entre ellas se encuentra la Agrupación Nacional 9 de Julio, encabezada por el dirigente nacional Christian López, que en los últimos años realizó presentaciones administrativas y judiciales, además de enviar cartas documento a empresas de seguridad, clientes y organismos del Estado —entre ellos el Ministerio de Trabajo, ANSES y ARCA— solicitando explicaciones sobre la proliferación de estos procedimientos.
Desde ese espacio sostienen que las empresas del sector habrían ingresado a procedimientos preventivos de crisis, una cifra que distintos actores sindicales consideran llamativa si se tiene en cuenta el crecimiento que ha tenido la industria de la seguridad privada en los últimos años.
El silencio de las cámaras empresarias
Otro de los puntos que genera interrogantes dentro del sector es la falta de pronunciamiento público de las principales cámaras empresarias.
Hasta el momento, ni la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI) ni la Cámara Argentina de Empresas de Buenos Aires (CAEBA) han emitido comunicados públicos sobre estos hechos ni informado la apertura de investigaciones internas.
Para algunos observadores del sector, este silencio refuerza la percepción de que dentro de la seguridad privada muchos conflictos terminan resolviéndose puertas adentro y lejos del debate público.
Una causa que recién empieza
Mientras continúan apareciendo documentos, testimonios y presentaciones judiciales, la causa por los procedimientos preventivos de crisis en la seguridad privada parece estar entrando en una nueva etapa.
La aparición de documentación interna, convenios cuestionados y declaraciones de trabajadores podría convertirse en una pieza clave para determinar si estos mecanismos fueron utilizados de manera irregular dentro de uno de los sectores laborales más grandes del país.
Por ahora, la investigación sigue abierta y será la Justicia la que deberá establecer si detrás de los procedimientos preventivos de crisis existió únicamente una herramienta legal utilizada por empresas en dificultades o si funcionó un sistema más amplio que ahora comienza a salir a la luz.
