Denuncias penales en los fueros federales 1, 6 y 12: pese a la investigación judicial continúan otorgando Procedimientos Preventivos de Crisis en la seguridad privada

A pesar de las denuncias penales que ya tramitan en los fueros federales N.º 1, 6 y 12, el sistema de Procedimientos Preventivos de Crisis (PPC) dentro del sector de la seguridad privada continúa generando controversia y fuertes sospechas sobre su utilización sistemática.
Según información a la que tuvo acceso este medio, lejos de frenarse tras las presentaciones judiciales, en las últimas semanas se habrían continuado tramitando nuevos Procedimientos Preventivos de Crisis, lo que vuelve a encender alarmas dentro de la actividad.
Diversas fuentes señalan que varios de estos expedientes continúan siendo impulsados en conjunto con el sindicato UPSRA, encabezado por el secretario general Ángel García y el secretario adjunto Diego García, y que en muchos casos terminan siendo elevados directamente a la Secretaría de Trabajo de la Nación, a cargo de Julio Cordero.
Uno de los puntos que más inquietud genera es que la supuesta crisis invocada por numerosas empresas se arrastra desde el año 2020 hasta la actualidad, extendiéndose ya por más de seis años consecutivos.
Este escenario plantea un interrogante que comienza a repetirse dentro del sector:
¿Cuál es la verdadera crisis que justificaría mantener un régimen excepcional durante tanto tiempo?
Según surge de distintos expedientes administrativos, varias empresas del sector continúan solicitando o utilizando el Procedimiento Preventivo de Crisis, entre ellas:
FPI en Acción
MAWE
Grupo Comahue
CONADPER
OPC Seguridad Responsabilidad Limitada
MAXSEGUR
GEPSA Seguridad
TRANSBOX SRL (Neuquén)
Seguridad Herez SRL
MV Seguridad
Alpha Team
Albosa
Watchman
CyR
Impacto Protection
STAR Seguridad
SEGUTRANS
Locksys S.A.

De acuerdo con información administrativa, algunos de estos procedimientos incluso no habrían sido homologados por el Ministerio de Trabajo, mientras que otros permanecen en trámite o pendientes de resolución.
A su vez, distintas denuncias señalan que varias de estas empresas, aun contando con Procedimientos Preventivos de Crisis, continúan realizando despidos de trabajadores, en algunos casos mediante causales disciplinarias o argumentos cuestionados, lo que permitiría renovar personal mientras se mantienen los beneficios laborales derivados del PPC.
Otro dato que comienza a generar preocupación dentro del sector es que varias de las empresas que actualmente están bajo la lupa cuentan con plantillas que superan los mil trabajadores, tanto en la Provincia de Buenos Aires como en distintas provincias del interior del país, lo que amplifica el impacto laboral y económico que podrían tener estas prácticas dentro de la actividad.
Para distintos actores del sector, este mecanismo termina generando precarización laboral y competencia desleal dentro de la industria de la seguridad privada, afectando tanto a los trabajadores como a las empresas que buscan operar dentro de reglas laborales regulares.
Mientras tanto, las investigaciones judiciales continúan avanzando.
Según fuentes vinculadas a las presentaciones realizadas en los fueros federales, en los próximos días podrían incorporarse nuevas pruebas y documentación vinculadas al funcionamiento de estos procedimientos dentro de la actividad.
El conflicto expone una tensión cada vez más profunda dentro de la seguridad privada argentina, donde distintos sectores advierten que la actividad atraviesa un punto de inflexión institucional, con investigaciones judiciales en marcha y un debate creciente sobre el futuro del sistema laboral en el sector.
Asimismo, según adelantaron fuentes cercanas a la investigación, en los próximos días se ampliarán diferentes informes periodísticos y presentaciones documentales donde se daría a conocer el rol de distintos operadores, intermediarios y posibles funcionarios del área laboral que habrían intervenido en la tramitación o facilitación de estos Procedimientos Preventivos de Crisis dentro del sector de la seguridad privada.