Crisis sin fin en la obra social de los trabajadores de la seguridad privada OSPSIP
La Obra Social del Personal de Seguridad Comercial, Industrial e Investigaciones Privadas (OSPSIP) atraviesa una grave crisis institucional y prestacional. Según documentación oficial de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), se registran decenas de denuncias semanales en distintas provincias del país por la falta de cumplimiento en la cobertura de prestaciones básicas a sus afiliados.
En los últimos días, la SSS emitió diversas resoluciones e intimaciones que advierten sobre el incumplimiento de OSPSIP en relación a las obligaciones que le corresponden. Los documentos, a los que este medio tuvo acceso, establecen que ante la falta de respuesta o contestaciones evasivas por parte de la obra social, se presume el incumplimiento efectivo de las prestaciones y se habilita la aplicación de sanciones según la normativa vigente.
Las denuncias provienen de trabajadores de la seguridad privada y sus familias, quienes señalan la imposibilidad de acceder a servicios médicos esenciales, desde consultas de urgencia hasta tratamientos crónicos. En algunos casos, los afiliados se vieron obligados a recurrir a la Justicia o a solicitar la anulación de traspasos forzados a otras obras sociales, lo que derivó en nuevas resoluciones que reactivaron los aportes hacia OSPSIP.
Responsabilidades compartidas
La situación deja en evidencia no solo las falencias en la actual conducción de OSPSIP, que debería garantizar de manera inmediata la cobertura a sus beneficiarios, sino también la responsabilidad de los organismos de control del Estado. La Superintendencia de Salud y el Ministerio de Salud de la Nación son los entes competentes en la fiscalización y supervisión del sistema, y sobre ellos recae la obligación de asegurar que los aportes de los trabajadores se traduzcan en prestaciones efectivas.
Riesgo de sanciones
Las resoluciones notificadas a OSPSIP hacen referencia a posibles infracciones al artículo 42 de la Ley 23.661 y al artículo 24 del Decreto 1993/2011, lo que podría derivar en multas y sanciones administrativas. Mientras tanto, la falta de cobertura sigue impactando directamente en miles de familias que dependen de la obra social.
